La vacunación contra el coronavirus ha planteado el conflicto entre la razón pública que respalda la inmunización y la libertad de quienes en una actitud irracionalmente científica, se oponen. En la democracia constitucional conviven personas de convicciones diversas, que incluso pugnan por imponer una verdad única y excluyente de las demás. Están organizadas en comunidades con ideologías, religiones o principios morales que aceptan la convivencia reflejada en las normas constitucionales. Así podemos ver a los grupos religiosos, políticos o sociales más radicales en una continua discusión pública en la cual sostienen una verdad única, excluyente, pero no trasgreden el derecho de los demás de sostener otro criterio. La Constitución refleja esos sentidos de tolerancia y respeto mutuos.Ese sentido se expresa en el conjunto de ideas compartidas por todos, que constituyen un común denominador. Y así, aunque un creyente esté convencido de que otro es un infiel y está equivocado en su fe, sabe que debe respetarle debido a estas razones justas que limitan la libertad en función del respeto a la multiculturalidad y la libertad religiosa.Las personas que pertenecen a estos grupos deben ser razonables para tolerar que otros que no comparten sus convicciones o códigos de conducta, convivan en un clima de respeto. Cuando se encuentra un conflicto entre esta razonabilidad y el derecho de alguno normalmente entran en funciones los procedimientos constitucionales, para delimitar el alcance de los derechos, o dicho de otra forma, para definir el criterio socialmente justo.Viene al caso citar estos conceptos inspirados en la teoría de la justicia del famoso filósofo estadounidense John Rawls, para ilustrar lo que sucede con los grupos que rechazan algunas medidas tomadas para el combate de pandemia. Hay grupos que rechazan la vacunación por razones de fe, por temor, o por criterios contracientíficos, y se han constituido en factor de enorme riesgo para la salud pública. Por otro lado, nos encontramos que, otros grupos contestatarios, por ejemplo en Francia, protestan por la imposición de certificados sanitarios obligatorios. Hay un conflicto entre los derechos de las personas y la razón pública que, en un creciente consenso global, sostiene la necesidad de alcanzar niveles de inmunidad que permitan controlar la enfermedad. Esta confrontación está provocando un desafío a las instituciones locales y globales. Crecen las medidas para hacer obligatoria la vacunación en instituciones públicas y privadas que asumen la razón pública como justificación para establecerlas, y simultáneamente, crecen las protestas. Este reto seguramente planteará disputas judiciales para determinar, en cada caso, el alcance del derecho de las personas respecto a la razón pública que les limita justificadamente su libertad en función del interés de la sociedad.Es claro que los criterios científicos son los que sustentan la razonabilidad de las medidas que impulsan la vacunación masiva. La irracionalidad científica de quienes rechazan la existencia de la enfermedad creando historias irreales, y provocando confusión en las comunidades, constituye una amenaza a la salud de millones de personas. En ese sentido, crece el consenso social, político y científico que justifica tomar medidas para exigir el silencio de las campañas de desorientación, y en ciertos contextos, exigir también, la evidencia de la vacunación. El tema es especialmente relevante para los niños que pronto serán inmunizados y cuyo derecho depende de que los padres decidan inocularlos.Por razones públicas se justifica establecer medidas para comprobar que en ciertas actividades las personas involucradas están vacunadas, especialmente en aquellas que suponen un riesgo, como sucede por ejemplo en la aviación internacional. Como también se justifica la eliminación de los mensajes desorientadores contra la vacunación, como ya lo hacen las compañías que manejan las redes sociales.Es relevante observar la aplicación de estas medidas por parte de entes privados y públicos, en Europa y Estados Unidos que están sentando un precedente global en el manejo de los conflictos entre la razonabilidad pública y la libertad individual.luisernestosalomon@gmail.com
