Nada es gratis, menos cuando hablamos de dinero público. El “paquetazo” vehicular al 3 X 1 propuesto por Pablo Lemus, que consiste en pagar 900 pesos por el refrendo y obtienes “gratis” la verificación vehicular y placas nuevas, en realidad costará mil 600 mdp: 900 mdp para la verificación y 700 mdp para el reemplacado.Es un monto relevante pues equivale a todo el presupuesto que ejercerá el próximo año la Secretaría de Asistencia Social de Jalisco encargada de operar programas como Mi Pasaje, Alimentación Escolar, Mujeres Líderes del Hogar, entre otros.En otras palabras, los 500 pesos que normalmente pagarías por la verificación vehicular y los 2 mil 417 pesos que costarían las placas no saldrán directamente de tu bolsillo, pero sí de nuestros impuestos por medio de un subsidio estatal.Creo pertinente la aclaración ante la insistencia del discurso oficial en señalar que se trata de un programa “gratuito”. Hasta aquí es sólo un asunto de forma y marketing político. Hay más de fondo.El subsidio de 900 millones de pesos para la verificación vehicular garantiza la rentabilidad de la concesión a la empresa Worldwide Environmental Products y a los dueños de los verificentros.De los 500 pesos por verificación, la mitad se lo queda el operador del verificentro (250 pesos); el otro 35% es para Worldwide Environmental Products como proveedora de la tecnología (175 pesos); y el resto para proyectos ambientales (75 pesos).En términos simples, la mayor parte del costo de la verificación se destina a garantizar ganancias para los operadores y la empresa concesionaria.De mantenerse esta cláusula de distribución de ingresos, la concesionaria Worldwide Environmental Products se quedaría para el próximo año con alrededor de 315.4 mdp y los operadores con 450 mdp.Hasta ahora, debido al bajo porcentaje de automovilistas que verifican, se había incumplido la meta de recaudación de la empresa y particulares estaban perdiendo. El subsidio llena ese hueco.Se puede argumentar que el fin último de esta política pública se orienta a mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación atmosférica producida por casi tres millones de vehículos en el Área Metropolitana de Guadalajara.Sin embargo, no perdamos de vista que detrás hay un modelo financiero diseñado para garantizar la rentabilidad privada, amparado en una concesión para Worldwide Environmental Products cuya vigencia vence hasta 2034, según el contrato.Ojalá que nosotros, los ciudadanos que pagamos, realmente veamos mejoras en la calidad del aire de la metrópoli porque de otra manera sólo habremos financiado un negocio más “gratis”.
