El abogado y dirigente de la comunidad autónoma wixárika Bancos de San Hipólito, Santos de la Cruz Carrillo, fue reportado como desaparecido junto a su esposa Carlota Aguilar y sus dos hijos el pasado viernes 3 de marzo, cuando se perdió contacto con ellos mientras se dirigían al municipio de Jesús María, en Nayarit. Santos de la Cruz es una de las caras más visibles de este pueblo originario, uno de los más firmes opositores a la destrucción del sitio ceremonial de Wirikuta y vocero durante un tiempo del Consejo Regional Wixárika. Gracias a esta trayectoria, el sábado 4 de marzo que se dio a conocer su desaparición junto a su familia, diversas organizaciones de Jalisco y de México se pronunciaron por la pronta aparición con vida de Santos de la Cruz y su familia, lo que afortunadamente ocurrió el domingo 5 de marzo. Por la mañana de ese día el representante de Bancos de San Hipólito grabó un video que difundió en redes sociales, anunciando que estaba en la sede de la Fiscalía de Justicia de Nayarit, que estaban bien, pero que por el momento no podía dar más detalles de su desaparición porque, dijo, era un “tema muy delicado y complejo”. El Congreso Nacional Indígena (CNI) explicó el contexto “delicado y complejo” al que se refirió Santos de la Cruz. Su comunidad, Bancos de San Hipólito recuperó casi 11 mil hectáreas de tierra tras más de 50 años de lucha, y mantiene el reclamo de más tierras despojadas e invadidas por ganaderos mestizos tanto de Jalisco como de Nayarit.Estos reclamos de tierras de las distintas comunidades wixárikas ocurre en el contexto de violencia que se vive en el país, pero de manera agravada. Escribió el CNI: “Toda la región, incluida la comunidad wixárika de Bancos (de San Hipólito) ha sido fuertemente golpeada por la violencia generada por bandas de la delincuencia organizada y advertimos que la lucha agraria de Bancos(de San Hipólito) es por la defensa de la madre tierra, por la defensa de la vida, de sus sitios sagrados y por las generaciones venideras”.Por fortuna, Santos de la Cruz Carrillo y su familia aparecieron con vida gracias a la masiva exigencia desde la sociedad civil nacional para que las autoridades de todos los niveles los buscaran con vida. Lamentablemente no es el único episodio de violencia, represión e intimidación que padecen los pueblos originarios en Jalisco. El 20 de mayo de 2017 Miguel Vázquez Torres y su hermano Agustín fueron asesinados en el poblado de Tuxpan de Bolaños, municipio de Mezquitic, aquí en Jalisco. Miguel Vázquez fue presidente del comisariado de bienes comunales de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán. En ese cargo encabezó varias manifestaciones, algunas de ellas aquí en Guadalajara, para exigir la restitución de sus tierras.Pero el precio que pagan especialmente los pueblos originarios por la defensa de su territorio es muy alto. No hay comunidad indígena en Jalisco que no haya padecido la persecución, la represión, la criminalización y hasta la desaparición y los asesinatos. Un ejemplo de ello es el pueblo nahua de Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, quienes en las pasadas décadas ha perdido a más de 30 miembros de la comunidad indígena. Un ejemplo de estas violencias fue la desaparición de Celedonio Monroy Prudencio el 23 de octubre de 2011. A Celedonio Monroy se lo llevó un comando con atuendo militar, quien irrumpió en su vivienda, golpeó a su esposa y lo privó ilegalmente de la libertad. Desde entonces está desaparecido.Otro ejemplo de las violencias, sean por fuerzas de seguridad o por grupos armados privados, es la comunidad tepehuana de San Lorenzo Azqueltán, en el municipio de Villa Guerrero, al norte de Jalisco. Las autoridades de esta comunidad autónoma denunciaron que el 31 de diciembre de 2021, el policía municipal Adán Bañuelos Herrera, junto con otros elementos sustrajeron a golpes a dos miembros de la comunidad, “llevándoselos ilegalmente y después fueron torturados incluso con descargas eléctricas”, según denunció en enero de 2022 el CNI. A pesar de que se denunció por nombre al policía que comandó esta represión, no hubo consecuencias. Este es otro asunto común a los pueblos originarios: la impunidad de las violencias y crímenes que se cometen en su contra. Los casos mencionados aquí son apenas un resumen de la violencia histórica, permanente, estructural, en la que viven sometidos los pueblos originarios, sus representantes e instituciones comunitarias desde siempre, sea en la Colonia, en el Porfiriato, bajo los gobiernos posrevolucionarios, o los gobiernos de la supuesta transición a la democracia, sean tricolores, blanquiazules, amarillos o naranjas. Todos los gobiernos propician, por acción u omisión, la violencia que padecen los pueblos indígenas de Jalisco. Debe cesar ya esta violencia contra los pueblos indígenas.
