Ya tenemos en puerta la construcción de un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara que financiará la Federación para mejorar la calidad del agua en la metrópoli: ¿qué más necesitamos si queremos resolver el problema de fondo?Le formulé esta pregunta a Cindy McCulligh. Ella es investigadora de CIESAS Occidente especializada en ecología política y justicia ambiental, y autora del libro “Alcantarilla del progreso: corporaciones, corrupción institucionalizada y la lucha por el río Santiago” (2020).Esta fue su respuesta: urge una estrategia clara y contundente para controlar las fuentes de contaminación industrial.“En más de 20 años de organización ciudadana de comunidades del río Santiago nunca hemos visto una acción de vigilancia, inspección y sanción clara, en particular de las autoridades federales”.Entre Guadalajara y El Salto, según la investigadora, hay alrededor de 700 empresas pequeñas, medianas y grandes. Todas son identificables, lo que permitiría priorizar qué giros representan más riesgo de contaminación tóxica y requieren más vigilancia.Esta omisión se replica en el río Lerma que desemboca en el Lago de Chapala de donde se abastece el 60 por ciento del agua de Guadalajara. A partir de allí continúa el río Santiago que atraviesa Jalisco y Nayarit. La vigilancia del río Lerma-Santiago es clave para mantener cuerpos de agua sanos que garanticen justicia ambiental a los pueblos aledaños para quienes un segundo acueducto no atiende la emergencia sanitaria ni resuelve su lucha histórica.McCulligh me comentó que las empresas más contaminantes son las industrias de alimentos y bebidas, sobre todo las tequileras, por sus vinazas. También están las industrias química y farmacéutica, automotriz y electrónica.En 2020, el entonces gobernador Enrique Alfaro presentó una lista de 29 empresas contaminantes tras realizar un muestreo de sus descargas al Santiago: todas incumplían al menos un parámetro de la norma.El nivel de impunidad es proporcional al de la opacidad sobre la calidad y volumen de descargas industriales, así como las inspecciones. Prácticamente es imposible obtener datos al respecto, me confirmó McCulligh.La Conagua y la Profepa son responsables de vigilar las descargas en cuerpos de agua federales; el gobierno del estado tiene facultades para inspeccionar lo que sucede dentro de las industrias; los municipios deben vigilar las descargas al alcantarillado municipal. Pero ninguno hace su trabajo.Entubar el agua para que no se contamine está lejos de ser una solución de largo plazo. Si alguien duda, sólo hay que voltear a ver el río San Juan de Dios bajo tierra.
