Dos pésimas noticias llegaron ayer a Palacio Nacional desde el país vecino. La primera fue una de esas andanadas de la Oficina de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), en las que señala a personajes y empresas que hacen blanqueo de dinero y operación financiera para los cárteles. En esta ocasión le tocó a los operadores del Cártel de Sinaloa en Baja California y señalaron lo que ya se había dicho, pero el Gobierno federal se negaba a reconocer: que Carlos Torres Torres, el hoy ex esposo de la gobernadora sin visa Marina del Pilar Ávila, era el puente del Cártel con la política estatal y el pago lo recibía a través del director de la Policía de Mexicali. Por más que la gobernadora se quiera sacar el golpe, esa chamba por la que el crimen organizado le pagaba a Torres lo hacía cuando aún era esposo de la gobernadora y, más aún, su chamba era facilitar la relación del crimen organizado con su gobierno. Atrapada en el bosque de nopales que ella misma sembró, para donde la gobernadora se mueva se espina.El segundo golpe es un reportaje del New York Times que señala que sí hay seguimiento a las posibles actividades ilícitas del hijo del ex presidente, el flamante defensor de la transformación y la soberanía en Centro, Tabasco, mejor conocido como NoMeDiganAndy, pero aún no hay una investigación judicial que lo vincule penalmente. Dicho a la mexicana, nadie dijo: el hijo consentido de López Obrador tiene delitos que perseguir; solo dijeron que se le sienten.Desde Morena, la única respuesta es que defenderán la soberanía, pero otra vez, como ha sucedido en el caso Sinaloa con el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya; con el senador repudiado, Enrique Inzunza, y con el mismo Andy López Beltrán después de su famosa carta, se confunde la soberanía con la defensa de personas particulares.La corcho/candidata de Morena en Baja California, Julieta Ramírez, ha negado una y otra vez la información difundida por N+, la red de noticias de Televisa, de que ella hizo un acuerdo con la justicia estadounidense. Lo cierto es que, si bien el candidato de la gobernadora era el alcalde de Tijuana, antes de ser senadora, Ramírez fungió como secretaria particular de Ávila, una posición muy complicada, al menos en lo que tiene que ver con la información que el Departamento del Tesoro circuló el día de ayer.Las bombas siguen cayendo cerca en esta especie de tablero de “Submarino”, donde las instituciones de justicia estadounidense van tanteando de a poco los puntos débiles de Morena con respecto al crimen organizado. El golpe en Sinaloa sacó de la jugada al grupo del gobernador Rocha. Ahora parecen tener rodeados a los López Beltrán y al gobierno de Baja California.Mientras el gobierno de México juega a la soberanía, el de Estados Unidos parece estar jugando al gato y el ratón.diego.petersen@informador.com.mx
