El decomiso de gasolina ilegal, mejor conocida ya como huachicol, más grande de la historia es también la historia del fracaso de la justicia mexicana. Ahora sí que para donde se haga, el gobierno se moja, porque lo que queda en evidencia es la incapacidad de las instituciones del Estado mexicano.El viernes se anunció con bombo y platillo un espectacular decomiso de gasolina ilegal: 59 millones de litros de combustibles con un valor aproximado de mil 500 millones de pesos.Parecía un golpe letal al crimen organizado, un golpe que, sin embargo, desde el inicio dejó muchas dudas, como el hecho de que la enorme planta de almacenamiento operara a la vista de todos y fuera invisible para las autoridades, tal como había sucedido en Coahuila. No hubo un solo detenido, algo a lo que los mexicanos estamos más que acostumbrados, pues somos el país en el que se persigue ferozmente a la delincuencia, pero nunca a los delincuentes.Al día siguiente, Grupo SIMSA -una empresa familiar creada por Salomón Issa Murra (el nombre son las iniciales del fundador) y operada hoy por sus hijos de apellido Issa Tafich- levantó la mano para decir que la planta era de ellos y que la gasolina era legal, que los 59 millones de litros de combustible que se saboreaba el gobierno tenían dueño. SIMSA es un grupo empresarial nacido en Torreón, Coahuila, hace 37 años y que tiene tres ramas: energéticos, en los que manejan empresas gaseras, de combustible y transporte; la rama de comercio, en la que la marca más conocida son las tiendas de conveniencia de la franquicia Circle K, además de agencias automotrices, y una división inmobiliaria y de construcción. Tras el oso de la Fiscalía, que involucró también al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, la fiscal Ernestina Godoy dijo que el caso era tan complicado que lo pasaría a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).Si logran comprobar que la gasolina y el diésel allí almacenados efectivamente son ilegales y no tienen trazabilidad fiscal, la pregunta obvia será cómo ingresaron al país sin pagar impuestos y ahí, otra vez, la Secretaría de Marina tendrá que dar explicaciones de lo que está pasando en las aduanas y, por lo mismo, qué tan involucrados están sus elementos en la corrupción. Si Grupo SIMSA logra probar que la gasolina es legal, estaremos ante una pifia de gran magnitud, una que llegó hasta la mañanera y que ameritaría al menos que la fiscal general pusiera su renuncia en la mesa.Pero esas cosas no pasan en este país. El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, y la fiscal, Ernestina Godoy, seguirán muy tranquilos en sus respectivos puestos, como si fuera solo una anécdota más en este país de nunca jamás.
