Hay instituciones con las que rara vez interactuamos en la vida cotidiana, pero cuyo impacto en nuestra calidad de vida es profundo. Entre ellas destacan las que integran el entramado del combate a la corrupción. Gracias a su labor, el Gobierno enfrenta una mayor rendición de cuentas ante la sociedad y se refuerza el sistema de pesos y contrapesos que sustenta la democracia. En otras palabras, son los ojos sobre el poder. Su propia naturaleza las hace incómodas para los gobernantes. De ahí la constante tentación de capturarlas para neutralizar su independencia o utilizarlas como garrote político en contra de la oposición.Hace ocho años, Jalisco fue un caso paradigmático a nivel nacional. Se instaló un Sistema Anticorrupción bajo mecanismos con altos estándares de transparencia y se reconoció el valor técnico y legitimidad del Comité de Participación Social. En ese proceso, el Congreso del Estado designó, entre otros cargos, al fiscal especializado en combate a la corrupción, al auditor superior, a magistrados de la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa y a los titulares de los órganos internos de control de los organismos constitucionalmente autónomos.Conviene recordar el contexto político de aquel momento: un Gobierno priista encabezado por Jorge Aristóteles Sandoval, frente a la fuerza ascendente de un alcalde tapatío, Enrique Alfaro, cuya popularidad crecía sin freno. El Congreso estaba dividido entre Movimiento Ciudadano y el PRI, con el PAN y PRD que hacían las veces de bisagras. Todo apuntaba al reparto de “cuotas y cuates”, pero, ante el escrutinio de la sociedad civil, el entonces gobernador optó por impulsar un proceso inusualmente transparente, en el que se designaron algunos de los perfiles con mejores evaluaciones y sin vínculos partidistas.Hoy, el Congreso local enfrenta nuevamente un ciclo clave de designaciones: Está en curso la convocatoria para elegir al nuevo auditor superior del Estado y a los titulares de los órganos internos de control de diversos entes; y, próximamente también deberá renovarse la fiscalía anticorrupción.No obstante, todo parece indicar que estos procesos estarán marcados por la politización. Cada vez pesan menos las opiniones del Comité de Participación Social, voz ciudadana dentro del sistema anticorrupción, y las decisiones se adoptan desde la conveniencia política. El Congreso requiere el voto de dos terceras partes de sus integrantes para concretar las designaciones, y la actual fragmentación política no facilita los consensos.En ese contexto, el rol del Comité de Participación Social será decisivo. Su evaluación técnica y vigilancia pueden convertirse en el único dique frente a la captura institucional.Por eso, necesita estar arropado por las organizaciones sociales y la opinión pública, para evitar tanto designaciones arbitrarias como la parálisis. Desde la sociedad debemos observar este proceso y exigir nombramientos que privilegien la capacidad técnica y la independencia.Jalisco tiene la oportunidad de demostrar que las instituciones ciudadanas no son una concesión del poder, sino un límite a él. Que la tentación de la captura no termine por devorar lo que, hace apenas unos años, nos distinguía como referente nacional en integridad pública.hecromg@gmail.com
