A finales de 2022 López Obrador negó que el Ejército espiara a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores, a través del software Pegasus, tal y como lo había documentado la investigación “Ejército Espía” llevada a cabo por Citizen Lab, Artículo 19 y varios medios de comunicación.AMLO sostuvo entonces que el software adquirido en 2019 por el Ejército tenía como fin llevar a cabo labores de inteligencia y no de espionaje.Fue otra de sus mentiras. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley (HRC) acaba de documentar la realidad de un sexenio en el que 337 periodistas y defensores de derechos humanos fueron asesinados, y en el que estas muertes fueron solo la punta del iceberg de un patrón de ataques y hostigamiento contra periodistas y activistas que cubrieron casos de corrupción, denunciaron abusos del Estado y dieron seguimiento al incontenible avance de la delincuencia organizada entre 2018 y 2024.Se trata de la investigación más completa y demoledora que se ha hecho de aquel sexenio.Parte de una base de datos verificada de agresiones, de la documentación de la compra y el uso de ciberarmas de espionaje como Pegasus y otras herramientas Geomatrix y Cellebrite UFED (un hardware que permite extraer, decodificar y analizar datos de teléfonos celulares y tabletas), del análisis de 6 terabytes de información hackeada a la Sedena por el colectivo Guacamaya, y de una revisión de las conferencias mañaneras que permitió identificar 2,287 segmentos en los que AMLO atacó y usó lenguaje estigmatizante contra periodistas y medios de comunicación.El estudio “Bajo ataque: persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México”, revela “un ataque que el Estado fomentó abiertamente y que rara vez castigó”, “una campaña sostenida para castigar a los vigilantes cívicos por sus reportajes y su labor de defensa” en la que “se les trató como enemigos del Estado por exigir responsabilidad al poder”.La investigación del HRC de la Universidad de Berkeley prueba lo que todos vimos: la vigilancia intrusiva sin orden judicial, las campañas digitales de acoso, la estigmatización desde el poder público, y la existencia de un sistema de ataque desde el Estado a través del acoso de redes de bots, del uso de aparato judicial para castigar a los críticos y “una ausencia de consecuencias tan sistemática que funcionaba como un mensaje: atacar a la prensa no tenía ningún coste”.Según el estudio, “una impunidad de tal magnitud es un claro indicio de que México no está dispuesto o no es capaz de investigar y enjuiciar los delitos contra este grupo específico de civiles”.El Gobierno de AMLO fue el principal perpetrador de los ataques documentados por el HRC. “Ya no hay golondrinas en los alambres”, dijo López Obrador en 2018, poco antes de que se descubriera la existencia de un centro militar de espionaje desde la Sedena. Las golondrinas, sin embargo, fueron empleadas incluso para espiar funcionarios de su propio gobierno. Todo esto, desde luego “sin autorización judicial y sin que existiera ninguna ley que facultara a las fuerzas armadas a interceptar comunicaciones privadas”.López Obrador empleó las mañaneras para revelar datos personales y patrimoniales de periodistas críticos. Durante su gobierno se perpetraron más de 3,500 agresiones contra la prensa, según Artículo 19: intimidación, acoso, amenazas, uso ilegítimo del poder. Prácticamente la mitad de las agresiones vinieron de funcionarios de su gobierno. En el sexenio se abrieron más de 150 procesos judiciales contra periodistas y activistas.¿Quiénes fueron los responsables del espionaje? Nada de esto pudo ocurrir sin que los titulares de la Sedena, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República lo supieran. ¿Quién recibía la información y la entregaba López Obrador para que los ataques fueran perpetrados desde la mañanera? Exactamente el mismo personaje que sigue operando desde Palacio Nacional las redes de bots y los ataques sistemáticos contra la prensa.Hace unas semanas, la aún consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, reanudó la estrategia que la Universidad de Berkeley ha desnudado, e hizo pública una lista -que la presidenta Claudia Sheinbaum negó que fuera una lista- con 54 nombres de periodistas y medios críticos.La pregunta es si en este sexenio continúa también el espionaje. Si Jesús Ramírez Cuevas habrá convencido a la Presidenta de mantener el “seguimiento especial” a periodistas críticos, como ha quedado demostrado que ocurrió en un sexenio… que al parecer no ha terminado.
