La reciente publicación del documento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirma un giro que ya no admite interpretaciones complacientes: la política exterior, económica y comercial de nuestro vecino del norte se encuentra formalmente subsumida en una lógica de seguridad ampliada, donde migración, comercio, energía, cadenas de suministro, infraestructura crítica y crimen organizado se integran en un mismo marco estratégico. Esta redefinición no es retórica. Tiene consecuencias directas para los países altamente integrados a su economía y a su espacio de seguridad, y exige respuestas internas que privilegien certidumbre, institucionalidad y Estado de derecho.El documento estadounidense no sólo reafirma una visión transaccional de la relación internacional; la institucionaliza bajo el paraguas de la seguridad nacional. En ese marco, los intercambios contingentes —el quid pro quo permanente— sustituyen a los compromisos estables como principio rector. La cooperación deja de ser un bien compartido y se convierte en una variable condicional: se otorga, se retira o se renegocia en función de resultados inmediatos y de la percepción de alineamiento estratégico. El derecho, los acuerdos multilaterales y las reglas previamente pactadas quedan subordinados a una lógica de utilidad política y seguridad doméstica.Esta forma transaccional de gobernar, que durante años se interpretó como un estilo, se consolida ahora como estructura estratégica declarada. Aranceles, acceso a mercados, cooperación en seguridad, migración, combate al crimen organizado o incluso inversión extranjera se administran como fichas de negociación. El objetivo no es la estabilidad del sistema, sino la maximización de retornos rápidos y verificables. La incertidumbre —mensajes contradictorios, amenazas creíbles, cambios abruptos de postura— se vuelve un instrumento deliberado de presión. El caos es funcional porque descoloca a los interlocutores y altera sus cálculos de costo-beneficio.En este contexto, el riesgo central es la pérdida de previsibilidad. La integración, que durante décadas operó como un ancla de certidumbre, se transforma en una fuente estructural de vulnerabilidad cuando deja de estar mediada por reglas y pasa a depender de intercambios contingentes.Esta pérdida de previsibilidad se aumenta con decisiones internas altamente cuestionadas por su ambigüedad jurídica, discrecionalidad creciente y señales contradictorias para la inversión productiva. Los cambios en reglas erosionan la certidumbre que el capital —nacional y extranjero— requiere para tomar decisiones de largo plazo.El riesgo no es abstracto. En un entorno donde comercio, inversión y cadenas de suministro pueden ser reetiquetados en cualquier momento como asuntos de seguridad nacional, la falta de instituciones sólidas amplifica la vulnerabilidad. Las decisiones discrecionales internas se convierten en argumentos externos para condicionar acceso a mercados, inversiones o cooperación. La incertidumbre doméstica puede alimentar la lógica transaccional externa.Más aún, se podría normalizar un patrón peligroso: gobernar bajo presión. La reiteración de amenazas externas, combinada con marcos internos frágiles, induciría a respuestas defensivas de corto plazo que sacrifican estrategia por contención. La agenda pública podría ordenarse en función de evitar sanciones, represalias o costos inmediatos, en lugar de construir capacidades propias y márgenes de autonomía. La contingencia sustituiría a la planeación.En este escenario, la tentación de considerar el derecho como maleable —ajustable a la coyuntura política— se vuelve particularmente riesgosa. Debilitar la certidumbre jurídica en nombre de la eficacia política no fortalece la posición del Estado frente al exterior; la debilita. En un mundo gobernado por la transacción, la institucionalidad no es un lujo normativo: es el principal activo estratégico. La coherencia institucional es, en este contexto, una forma de defensa.La disyuntiva es clara. México puede enfrentar un entorno internacional crecientemente transaccional reforzando su Estado de derecho, su certidumbre regulatoria y sus instituciones económicas, o puede optar por la flexibilidad coyuntural y aceptar que la contingencia sustituya al derecho como principio organizador. En un momento de redefinición estratégica hemisférica, esa decisión no es técnica ni ideológica: es profundamente estratégica. Y sus costos —o beneficios— se medirán durante décadas.luisernestosalomon@gmail.com
