Si algo ha demostrado Jalisco en materia de movilidad es que las leyes, en realidad, son meros adornos en las carpetas de escritorio, en los discursos oficiales y en las fotos de inauguración.Desde el 16 de octubre de 2022, las escuelas con más de 300 alumnos están obligadas por ley a contar con un plan de movilidad escolar. El objetivo es simple: aligerar la carga vial, mejorar la seguridad de los estudiantes y evitar que los padres de familia saturen los alrededores de las instituciones con sus vehículos particulares.Tres años después, esa obligación sigue en papel, flotando como un recuerdo vago en la memoria de las autoridades y de las escuelas. Olvidada como aquella botella de leche que caducó en el refrigerador.El Artículo 227 de la Ley de Movilidad lo dice con claridad: los planteles educativos deben implementar un sistema de transporte escolar regulado, mitigar el uso del vehículo particular y reforzar señalización y patrullaje escolar. En otras palabras, salvar vidas y promover una cultura vial segura.Pero aquí está el detalle: ni autoridades ni escuelas le han puesto atención desde el primer día. La ley entró en vigor, se celebró con bombo y platillo, y luego… bueno, luego nada.Y justo esta semana, como si se tratara del plan estratégico que cambiará la realidad del planeta, el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, anunció que en menos de un mes se presentará una prueba piloto para ordenar el caos en el corredor Sur de López Mateos, con vigencia a partir de enero.Tres años después de que la ley se publicó -y cuando el mismo funcionario estaba al frente de la Setran-, ahora se nos presenta esto como un avance digno de los días históricos a los que nos acostumbraron en el pasado. Su novedad no es más que pereza administrativa disfrazada de logro.El tema no es menor, porque el tráfico escolar en López Mateos sí colapsa todos los días, y mientras los semáforos se convierten en zona de guerra, padres, estudiantes y vecinos son los que pagan las consecuencias. La ley ya prevé mecanismos claros, pero solo se aplica cuando hay miles de mentadas, smog y estrés acumulado en esa avenida.Tres años de retraso, cuatro mesas de diálogo, y finalmente, un anuncio que llega como si fuera el invento del sexenio: transporte escolar obligatorio para las escuelas privadas con más de 300 alumnos en dos municipios. ¿Y las demás escuelas del Estado? Espérense tantito, ni que a alguien le tocara.La Ley de Movilidad tiene un capítulo entero dedicado a la movilidad escolar, pero en Jalisco parece que las leyes solo funcionan para decorar los marcos legales y justificar discursos de “acción” que nunca se ejecutan. El secretario en mención habla de estrategia, de análisis reglamentario… mientras las y los estudiantes siguen en riesgo por la negligencia y los embotellamientos, y los padres, presos de la hora pico, se preguntan por qué tres años no fueron suficientes para hacer cumplir la ley.Es absurdo, y al mismo tiempo, tristemente predecible: la autoridad esperó a que el caos se haga insoportable para actuar, y las escuelas, acostumbradas a ignorar sus obligaciones legales, “celebran” que por fin alguien les diga qué hacer. Hubo tres años sin advertencias, planes solo en papel y ninguna consecuencia para quienes debieron aplicarlos.Y ahora, un piloto. A aplicarse a partir de enero. Más de tres años después.Así funciona Jalisco: la ley existe, pero nadie la aplica. Los responsables ignoran lo evidente y el ciudadano paga el precio. Mientras tanto, López Mateos sigue colapsado, las mesas de diálogo son rituales burocráticos donde las galletitas nunca faltan y la seguridad vial queda relegada a un discurso de buenas intenciones.Lo grave no es solo la lentitud: es la falta de respeto absoluto hacia la norma, hacia las y los estudiantes y hacia la ciudadanía. Y sí, salvar vidas sigue siendo un concepto que se recuerda únicamente cuando la gente enardece y los medios le prestan atención.Tres años, cuatro mesas, cero aplicación real. Así es la movilidad escolar en Jalisco: una promesa eterna, un experimento piloto que debió ser ley desde hace tres años y una lección de negligencia institucional que nadie asume… hasta que les recuerdan que debe hacerse.
