Cuando escuchamos la palabra “política”, invariablemente pensamos, o bien, en el educado tratamiento con las personas en la vida cotidiana o bien, en sistemas diseñados por la mente humana para solventar los problemas que implican vivir en comunidad. Es decir, existen dos ámbitos o categorías en los que la política está presente: uno que concierne a las buenas relaciones interpersonales y al régimen político interior, y otro que tiene que ver con la vida de los países, a la diplomacia. El propósito de esta columna tiene que ver con el segundo de los mencionados.Desde tiempos de la antigua Grecia, la política ha sido objeto de preocupación y estudio por las mentes más lúcidas de la humanidad. La palabra, que tiene su origen en las primeras construcciones de organización social -la polis-, nos ayuda a entender la evolución de las distintas formas de gobierno y la participación de los ciudadanos en la vida de la comunidad y, por extensión, de pueblos y naciones.Los países no son poderosos por accidente; sus sistemas educativos, estructuras productivas, desarrollo tecnológico, capacidad militar y su inversión en inteligencia les han permitido dominar con propósitos de explotación a los llamados eufemísticamente “países del tercer mundo” o “en vías de desarrollo”. Ese es un hecho. Desde los tiempos históricos, y aún antes, las naciones más poderosas han influido, incluso, determinado el destino de los pueblos débiles. Para tal efecto, se apropian de sus territorios o substituyen a sus gobernantes por otros subordinados al régimen dominante. En la actualidad, estamos siendo testigos de las pretensiones expansionistas y hegemónicas del Gobierno norteamericano que, por una parte, intenta anexarse a Groenlandia y, por la otra, participa activamente en el reemplazo de los gobernantes que no le son afines, ordinariamente, personajes enfermos de poder, como el caso de Maduro.Frente a ese poderío, el único camino que tienen los países para defender sus intereses es la política: el agrupamiento, la suma de las inteligencias y recursos que, soportados en una argumentación que invoque la paz, la cooperación mutua, la exaltación de la justicia y su capacidad diplomática, los hagan valer. México, desde 1930, ha sostenido en los foros mundiales el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, conocido como “Doctrina Estrada”. Como se desprende de la cita, la convivencia permanente con el país más poderoso de la historia obligó a los mexicanos de esa época a “hacer política” para defender sus intereses. El problema de esta postura es la congruencia: no se puede invocar el principio en unos casos sí y en otros no. Cuando la Presidenta defiende la imprudente e impolítica iniciativa de López Obrador de recaudar fondos para la dictadura cubana, pone en entredicho su deber institucional y expone, en su dogmatismo, una práctica que ha sido escudo frente al poderío de los vecinos. La titular del Poder Ejecutivo ha dejado de hacer política, arriesgando, desde nuestras economías domésticas, hasta el futuro de nuestras familias. La Presidenta no debe olvidar que su responsabilidad es política y es con México.
