En el esquema que tienen los servicios de inteligencia de Estados Unidos sobre la red criminal que se tejió durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el número dos es el general Audomaro Martínez, tabasqueño como él, a quien conoció en los años ochenta, cuando estaba asignado a la 30.ª Zona Militar en Villahermosa. Para la siguiente década se volvió su inseparable y, en las campañas para gobernador y presidente, el general fue comisionado para encargarse de su seguridad. Al llegar a la Presidencia, lo nombró director del Centro Nacional de Inteligencia y construyeron un imperio del mal, dicho sin exageraciones, en los ámbitos político-criminal, de seguridad y diplomático.Desde que el hoy secretario de Estado adjunto del Departamento de Estado, Christopher Landau, era embajador en México, hubo una protesta porque Martínez le había entregado las identidades de los agentes estadounidenses en México a la Embajada de Rusia. Ante el reclamo a López Obrador, el entonces presidente respondió, minimizando cínicamente el asunto, palabras más, palabras menos, que de cualquier forma ya se conocían todos. Esas quejas han prevalecido hasta el Gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha permitido que la Embajada rusa en México tenga un 20% más de personal del que necesita, la mayor parte de ellos, según las acusaciones, espías.Ese es un diferendo diplomático entre México y Estados Unidos que no se ha resuelto y corre paralelo a las investigaciones sobre las actividades criminales durante el sexenio de López Obrador. Noticias recientes que han llegado de Washington por la vía del enlace de la Presidenta Claudia Sheinbaum para los temas delicados con Estados Unidos, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch -sometido a un fuerte golpeteo últimamente por el ala dura de la 4T, detonado por el prematuro destape de su candidatura presidencial que hizo el senador Manuel Velasco-, son alarmantes: testigos cooperantes -algunos de ellos entre los 92 mexicanos que fueron desterrados ilegalmente a Estados Unidos- involucraron directamente a Audomaro Martínez con el contrabando de combustible, una variante del huachicol clásico, pero mucho más redituable, que se inventó en el primer año del sexenio de López Obrador.El nombre del general empezó a circular de manera generalizada en la prensa mexicana hasta hace muy pocas semanas, después de haber logrado mantenerse fuera del escrutinio público durante muchos años, aunque su preocupación no era nueva. El año pasado, ante el temor de que el Gobierno de Donald Trump buscara capturarlo en Canadá, regresó a México de un autoexilio en Vancouver para afincarse en el sur del país, aunque sus ramificaciones empresariales están desde hace tiempo en Tamaulipas. Hermético y discreto, en México se sentía seguro por el blindaje institucional de la Presidencia, que ahora se encuentra preocupada por las noticias que le han llegado de Washington.Más allá de la nueva información de la que disponen sobre él, en la red criminal identificada por los servicios de inteligencia estadounidenses aparece como el número uno, el jefe, López Obrador, quien tiene como segundo al general Martínez. Los subalternos, los números tres y cuatro, son el senador Adán Augusto López Hernández y el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota. Después de ellos vienen varios secretarios de Estado y líderes de Morena y, más abajo, gobernadores y legisladores.No se sabe si el general o personas cercanas a él tuvieron información del giro que estaba dando la investigación en Estados Unidos en su contra, pero llama la atención que el destape que hizo Velasco de García Harfuch como una figura atractiva en la sucesión presidencial de 2030 no tenga sentido, salvo por el interés de buscar debilitarlo, descalificarlo y volver a cercar a la Presidenta. Velasco no es uno de los admiradores de García Harfuch, como sí lo son otros dirigentes del Partido Verde, y trabaja coordinadamente con López Hernández, siguiendo su agenda y haciéndole muchas veces el trabajo sucio. Colocar a García Harfuch en medio del golpeteo lo distrae y, al venir la presión del grupo que controla la 4T e influye sobre la Presidenta, también puede neutralizarlo.Las noticias del Gobierno de Trump son preocupantes y provocaron múltiples inquietudes porque la interpretación en las áreas de seguridad del Gobierno es que probablemente se refieran a su conexión con el llamado “rey del huachicol”, Sergio Carmona, el empresario tamaulipeco que financió ocho campañas de Morena para gobernador en 2021 y que fue asesinado a finales de ese año por un sicario que, de acuerdo con información de inteligencia mexicana, fue contratado por militares para ejecutarlo.Carmona, de acuerdo con fuentes estadounidenses, era el enlace del general Martínez con todos los cárteles mexicanos. Pocas semanas antes de ser asesinado, el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia lo envió a reunirse en Puerto Vallarta con Audias Flores Silva, actualmente preso, quien, tras ser abatido Rubén Nemesio Oseguera, se convirtió en el líder temporal del Cártel Jalisco Nueva Generación. Carmona era el principal enlace del general con los diferentes cárteles, según las fuentes estadounidenses.Si la interpretación de los funcionarios mexicanos es correcta y la información aportada por los testigos cooperantes se enfoca en el huachicol de la red de Carmona -que, aunque tiene vasos comunicantes, no es la misma en la que están vinculados altos mandos de la Marina, el Grupo Tabasco y el entorno de López Obrador-, el temor es que se extienda hacia el entonces presidente de Morena, Mario Delgado; el actual diputado de Morena, Pedro Haces; los exdirectores de Aduanas, Ricardo Peralta y Horacio Duarte, actual secretario general de Gobierno en el Estado de México, y los abogados cercanos a ese grupo que presumían ser defensores de narcotraficantes, Juan Pablo Penilla y Sergio Ramírez.El general Martínez es una persona clave en el entramado criminal construido durante el sexenio de López Obrador, presuntamente por haber facilitado la participación del crimen organizado en el contrabando de combustible y el tráfico ilegal de fentanilo a Estados Unidos, pero también por la cobertura que le dio a la inteligencia rusa y cubana en México. Esto último fue detallado en un documento de 100 páginas que dio a conocer en julio el Departamento de Estado, en el que se ubica a México como una base estratégica del espionaje ruso en América Latina, cuyos agentes trabajan bajo cobertura diplomática para recolectar información sobre Estados Unidos.La alerta por el número dos se debe a que es la primera vez que hay un señalamiento específico sobre el general Martínez, sobre quien solo habían estado solicitando información aislada en los últimos meses.
