La grave problemática de movilidad que enfrenta la Zona Metropolitana de Guadalajara adquiere especiales matices cuando se aborda el tema del aeropuerto internacional.Pese a las permanentes remodelaciones de esta terminal aérea que la han convertido en una de las mejores del país, muy por encima del Aeropuerto Benito Juárez, los accesos siguen siendo pésimos, debido entre otras cosas a que salidas y llegadas tienen el mismo distribuidor vial, algo que no sucede en aeropuertos de otros países. Adicionalmente, ese distribuidor es confuso y estrecho, pero preferible a estacionarse en el carísimo estacionamiento del lugar.Las obras de ampliación, renovación y además construcción de una vía confinada para un transporte alterno que todavía no sabemos si será tren ligero o autobús, complicaron de tal manera la existencia de los usuarios que el tiempo de espera para conseguir uno de los taxis oficiales anda en torno a dos horas, el doble de lo que dura un vuelo a la Ciudad de México. Ahí el problema es doble: por un lado, el tiempo de los traslados se ha multiplicado sin que ello suponga una ganancia para los taxistas, a quienes les pagan por viaje, no por tiempo, y por otro, la tardanza para salir y regresar provoca que no haya taxis disponibles en la medida de la demanda.Por si faltara, ni los taxis urbanos ni los servicios de plataforma pueden recoger pasaje, de manera que, si aceptan ir al aeropuerto, saben que deberán volverse vacíos o arriesgar que los detenga la Guardia Nacional y les impongan multas de cincuenta y dos mil pesos, más la retención de la unidad, un verdadero atropello y un robo cínico, pero “legal”.Recientemente, una jueza prohibió a la Guardia Nacional detener a conductores de plataforma que recogían pasaje en el aeropuerto, debido a todas las extorsiones a que esa norma estaba dando lugar, pero se ha aclarado que eso no significa que dichos conductores puedan subir pasaje, un nuevo clásico de las leyes mexicanas, sin otro afán que seguir protegiendo, al menos en nuestro caso, a las empresas de taxis dichos oficiales y entre cuyos dueños se encuentran conocidos políticos o sus ilustres descendientes. Romper este monopolio y resolver las contradicciones legales al respecto debería ser el objetivo y meta de una administración honesta, pues hasta donde sé, sólo en México y en otros pocos países igualmente subdesarrollados se conservan semejantes monopolios.Por lo pronto, y aun antes de la intervención de la jueza federal, en el aeropuerto de Guadalajara hasta los vendedores de traslados oficiales aconsejaban buscar alternativas, y las había apenas se cruzaban los umbrales de la sala de llegadas, no una ni dos, sino parvadas de personas ofreciendo servicios de plataforma o de lo que fuera, desde luego a un precio mayor, pero inmediato, y ante los ojos de las patrullas de la Guardia Nacional: ¿cerraban los ojos?, ¿con cuánto se los cerraban?, ¿o eran compasivos frente al caos de los servicios oficiales?, ¿o su vigilancia era aleatoria?No sorprende la prolongación de prácticas que van de lo torpe a lo corrupto; lo que llama la atención es que partidos en el Gobierno, como Movimiento Ciudadano o Morena, sean incapaces de resolver a fondo esta situación y finalmente liberar al aeropuerto de monopolios y privilegios, en favor de la gente y con marcos legales actuales y adecuados. El Gobernador estatal ha dicho “piso parejo” para todos, pero ¿qué hará efectivamente para que eso suceda?
