La Suprema Corte de la Nación (SCJN) cambió el criterio que prevalecía y avaló a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)- para bloquear cuentas bancarias sin intervención del Ministerio Público, orden judicial ni solicitud extranjera, cuando existan indicios de delitos de origen nacional, como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.Este nuevo criterio jurisprudencial se fijó en la sesión de la SCJN en donde se resolvió una acción de inconstitucionalidad y dos amparos, entre ellos, la negativa al amparo a una empresa vinculada a un supuesto sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada que intentaba descongelar sus cuentas.La decisión de la Suprema Corte levantó una ola de reacciones negativas desde diferentes nichos legales y entre algunos de los mismos magistrados que se opusieron, como fue el caso de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien dijo, “cuando el Estado puede congelar cuentas bancarias y dejar a una persona sin acceso a sus propios recursos, la ley debe de establecer con precisión, cuando, cómo y por qué. Hoy, eso no está definido… Las y los mexicanos no deben quedar sujetos a decisiones basadas en criterios ambiguos o indeterminados. Combatir el crimen es indispensable, pero nunca a costa de la certeza jurídica”.Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, quien apareció ayer en la mayoría de los medios de comunicación con difusión nacional para tratar de “aclarar” el nuevo criterio para bloquear cuentas bancarias cuando existan sospechas, señala que “no es una medida excesiva, nosotros no contamos con toda la información bancaria de todos los mexicanos, como se cree, nosotros recibimos reportes que identifican, o en el sector bancario o en algún sector de actividades vulnerables; nosotros trabajamos con la información que ellos detectan que pueden ser un riesgo a las finanzas o a la economía de este país”.El mandamás de la UIF dijo que la medida “...es una herramienta preventiva y administrativa para evitar que los recursos de procedencia ilícita continúen siendo integrados a la economía nacional”. Sin embargo, si cuando se requería de una orden judicial para intervenir las cuentas, se cometieron atropellos y abusos, ¿qué podremos hacer ahora que sin decir “agua va” van a poder cerrar cuentas y confiscar los recursos? Y ahora, ¿quién podrá defendernos?Usted, ¿qué opina?
