El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha reavivado el temor de que se amplíe nuevamente la restricción para que los inmigrantes obtengan la residencia permanente al ser considerados una “carga pública”, una política que durante su anterior gobierno de 2017 al 202, que afectó incluso a ciudadanos estadounidenses.De acuerdo con esta regla, vigente desde hace años, las autoridades de inmigración pueden negar la entrada a Estados Unidos o la residencia permanente a extranjeros que consideren puedan representar una carga económica para el país.En 2019, Trump amplió esta regulación para excluir a inmigrantes que hubieran solicitado asistencia social en alimentación, vivienda o salud, incluyendo programas como Medicaid y CHIP. Esto dejó a muchas familias sin acceso a ayudas para sus hijos ciudadanos estadounidenses y limitó las posibilidades de residencia permanente para los indocumentados.La administración de Joe Biden revirtió esos cambios, relajando las restricciones, pero es probable que Trump, quien asumirá la presidencia el 20 de enero, vuelva a endurecer la regla, reduciendo así el número de personas que puedan ajustar su estatus migratorio.“Definitivamente Trump va a restringir nuevamente la carga pública. Le funcionó muy bien en su primer gobierno, entonces vamos a volver a esos tiempos”, explicó Fernando Romo, abogado y asesor en inmigración de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (Asosal).Durante la campaña, Trump y su compañero de fórmula, J.D. Vance, señalaron a los indocumentados, acusándolos de recibir beneficios destinados exclusivamente a estadounidenses, sin embargo, en la práctica, los inmigrantes irregulares no califican para estas ayudas.Defensores de los inmigrantes han expresado preocupación por el impacto que una nueva ampliación de esta política podría tener en las comunidades de bajos recursos y, especialmente, en las familias de estatus mixto, aquellas con al menos un miembro ciudadano estadounidense.Romo recordó que, bajo Trump, quienes solicitaban la residencia permanente debían demostrar solvencia económica, incluso si contaban con un patrocinador. “Debían entregar evidencia de que podían mantenerse por sí mismos. No era bien visto que el solicitante se hubiera declarado en bancarrota o tuviera un mal historial crediticio”, añadió.Un análisis de Kaiser Family Foundation (KFF) estimó que los cambios de 2019 a la política de carga pública pudieron haber causado una disminución de entre 2 y 4.7 millones de inscritos en programas como Medicaid o CHIP, incluidos ciudadanos estadounidenses hijos de indocumentados.En 2023, una encuesta de KFF reveló que la mayoría de los inmigrantes adultos no tenían claridad sobre las reglas de carga pública. Además, el 27 % de los inmigrantes adultos, probablemente indocumentados, reportó haber evitado solicitar asistencia debido a temores relacionados con la inmigración, pese a que las restricciones fueron relajadas bajo el gobierno de Biden.Se espera que Trump cuente con el respaldo de la bancada republicana sobre este tema. En 2022, con apoyo de dos demócratas Jon Tester de Montana y Joe Manchin de Virginia Occidental, se aprobó una resolución para mantener los cambios de 2019, aunque Biden bloqueó la medida, el panorama para 2025 podría ser distinto debido a la pérdida del control demócrata en ambas cámaras legislativas.A esto se suma que más de una docena de estados conservadores han iniciado acciones legales para presionar a la Casa Blanca a retomar la norma.Romo señaló que la implementación de una nueva regla de carga pública no sería inmediata, ya que requiere un proceso administrativo que podría tomar varios meses. “Mi consejo a los inmigrantes es que hagan su declaración de impuestos, mantengan un buen historial crediticio y abran cuentas de ahorro para reducir el riesgo de ser afectados”, concluyó el abogado.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApphttps://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 AF
