La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado dio luz verde a una nueva ley estatal en materia de mejora regulatoria. La diputada Rocío Corona, presidenta de la comisión, sostuvo que la intención de la nueva legislación es hacer más sencillo la realización de un trámite y romper con la cadena de corrupción y coyotaje. Argumentó que se busca la simplificación de trámites y promover un gobierno digital para que desde cualquier lugar puedan realizar sus gestiones, sin acudir a una oficina. Se considera la creación de un catálogo que homologue los requisitos, trámites y plazos.En la nueva legislación se crea la figura de “protesta ciudadana” para que cualquier persona se inconforme cuando con acciones u omisiones el servidor público encargado del trámite o servicio niegue la gestión sin causa justificada, altere o incumpla con las especificaciones.La iniciativa presentada por el gobernador también considera la creación como Organismo Público Descentralizado de la Comisión de Mejora Regulatoria, que tendría personalidad jurídica propia, autonomía técnica y operativa.Se dan facultades a la comisión para colaborar con el Sistema Estatal Anticorrupción, en la detección y generación de estrategias que promuevan la identificación y prevención de posibles actos de corrupción en trámites y servicios.Según lo aprobado, el Comisionado será propuesto por el Gobernador y aprobado por el Congreso del Estado, durará en su encargo 5 años.Fueron aprobados ajustes a la ley estatal de atención a migrantes, entre otras cosas se elimina el artículo cuatro de la ley que desde su aprobación generó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentara una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).La CNDH consideró que se vulneraban los derechos de los migrantes al establecer la obligación de mostrar documentación que acredite su identidad, cuando se las requiriera una autoridad estatal o municipal, además de proporcionar datos personales. El recurso fue admitido por la SCJN que aún no se pronuncia al respecto.En la iniciativa que presentó el gobernador, además de suprimir el artículo cuestionado por la CNDH, se modifica el nombre a la ley y se plantea que el Instituto Jalisciense para las Personas Migrantes y sus Familias sea un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo estatal, con autonomía técnica y de gestión, subordinado a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. NM
