El Colegio de Abogados de Jalisco se pronunció en contra de lo que consideraron como actos de corrupción dentro de los tres poderes de Gobierno que permiten colocar en puestos estratégicos, como diputaciones y magistrados, a personal relacionado con funcionarios públicos.De acuerdo con el coordinador ejecutivo del Consejo de Abogados, José Luis Tello, estos puestos suelen ser ocupados por "grupos fácticos, amistades y compadrazgos", en lugar de elegir perfiles capacitados en el tema.Además, aseguró que la falta de recursos para el Sistema Estatal Anticorrupción ocasiona que el organismo sea incapaz de atender los casos de corrupción que se han acumulado desde el nombramiento del mismo.El coordinador aseguró que estas fallas ponen de manifiesto "conductas inmorales y abusos de autoridad por parte de los funcionarios de los tres poderes de la Entidad, incluyendo a los gobiernos municipales.Según señaló Tello, es necesario que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) sea dotado de los recursos financieros necesarios, que oscilan alrededor de los 20 millones de pesos, pues los nueve millones asignados no son suficientes para contratar al personal que se requiere para su operación."Lo que buscamos nosotros es que se fiscalice a todos y cada uno de los funcionarios en la función pública, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, por eso los índices de corrupción, de tráfico de influencias, de omisiones graves que se están cometiendo a diario en las dependencias es porque nadie busca transparencia ni rendición de cuentas en la función pública en los tres niveles de gobierno", expresó el coordinador.Agregó que lo anterior permitiría el avance de la resolución de los casos, pues hasta ahora pareciera que el Estado no está interesado en que se resuelvan estas cuestiones que actualmente tienen detenidas las funciones del SEA.Dijo además que es necesaria una reforma integral a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, que permita que la elección de los magistrados no superen puestos arriba de los seis años, que los jueces sean fiscalizados y se cumpla con la norma establecida, además de la aplicación de un código de ética para aquellos funcionarios comidos en términos de la ley.GC
