Durante la última administración estatal, las solicitudes de información casi se duplicaron, mientras que las inconformidades ciudadanas por la omisión de respuestas de los sujetos obligados crecieron cuatro veces, según datos del Instituto de Transparencia de Jalisco (Itei). El Gobierno estatal y sus dependencias concentran las mayores fallas en rendición de cuentas.Hay dos indicadores clave para medir la transparencia de las autoridades: por una parte, las solicitudes de información que cualquier persona puede presentar (en físico o por internet); por otra, los recursos de revisión, que se interponen cuando no se recibe respuesta o ésta es insatisfactoria.En 2018, último año del Gobierno de Aristóteles Sandoval, el Itei registró 91 mil 816 solicitudes de acceso a la información dirigidas a todas las autoridades en Jalisco. De ese total, se interpusieron dos mil 612 inconformidades por falta de respuesta adecuada, según estadísticas del Instituto.Sin embargo, en la administración de Enrique Alfaro, ambos indicadores se dispararon. Tan solo en 2023, se alcanzó un récord de 186 mil 317 solicitudes de información y 11 mil 063 inconformidades, reflejando una creciente resistencia institucional para transparentar datos públicos.Las principales solicitudes se enfocaron en el gasto público, nómina, licitaciones, contratos, obras, auditorías y cuentas públicas. Este tipo de solicitudes se duplicaron entre las administraciones de Sandoval y Alfaro. Lo más grave: los recursos de revisión se cuadruplicaron debido a que muchas autoridades no respondieron o lo hicieron con evasivas, dejando insatisfechos a los solicitantes.En este contexto, la semana pasada el Congreso de Jalisco avaló la armonización de la reforma federal en materia de transparencia, con la cual se desaparece el Itei y sus funciones pasarán a la Contraloría del Estado; es decir, ahora será esta instancia la que funja como árbitro de la transparencia.Se estableció un plazo de 90 días para que el Congreso apruebe las leyes secundarias. En ese tiempo deberá crearse un organismo interno que encabece dichas funciones. Académicos y especialistas cuestionan que se haya excluido a ciudadanos y universidades que participaron en propuestas alternas de reforma. Critican la falta de un plan de transición claro y el haber copiado el modelo federal sin considerar la calidad de la información ni la experiencia local.Jesús Ibarra, académico del ITESO, advierte que la reforma afectará a la sociedad y a los medios de comunicación, al crear un “derecho a la información atomizado”. Señala que el Instituto era un organismo autónomo, pero ahora el Gobierno será juez y parte.Augusto Chacón, director de Jalisco Cómo Vamos, recuerda que la reforma federal propició la desaparición del Itei, pero pide que se trabaje en leyes secundarias que permitan la creación de un nuevo organismo con directivos apartidistas.El gobernador Pablo Lemus ya se pronunció al respecto. Exhortó a diputadas y diputados a establecer leyes secundarias que garanticen autonomía: “Quiero hacer un llamado a los diputados locales: debemos realizar las reformas en Jalisco para contar con un órgano sólido. La legislación federal establece que debe operar a través de las contralorías estatales, pero esto no impide crear un órgano ciudadano —con participación de universidades y académicos— adscrito a la Contraloría, que garantice la rendición de cuentas del estado y los municipios”.El Congreso tiene esos 90 días para garantizar un organismo apartidista. CT
