El Escudo Urbano C5 prepara el operativo de seguridad para el Proceso Electoral 2024 en el Área Metropolitana de Guadalajara por medio de la Mesa Interinstitucional Electoral, en la cual compartieron los avances respecto a las medidas cautelares de 29 candidatos que requirieron medidas de protección ante posibles agresiones generadas durante sus campañas.En la sesión de la Mesa Interinstitucional Electoral de este 23 de mayo, las autoridades de seguridad en conjunto con la consejera Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez Höhne, revisaron los avances logísticos de las actividades que requerirán la coordinación de las autoridades electorales, de seguridad y de los tres niveles de gobierno.Ante el clima de violencia durante el periodo electoral, el investigador Armando Zacarías Castillo propone a las autoridades establecer un mecanismo para la "regularización de la paz" enfocado en disminuir el miedo en la población, porque de lo contrario, si la violencia en los procesos electorales continúa, aseguró, permanecerán los procesos de movilización forzada que se han visto en algunos municipios.Uno de los indicadores acerca de cómo afectó la inseguridad a las personas candidatas en esta lección son las 29 las medidas cautelares solicitadas por personas candidatas en Jalisco, las cuales se turnaron para su dictaminación por parte de autoridades estatales y federales.Sin embargo, por medio de una solicitud de acceso a la información ante el IEPC, en Jalisco se han solicitado 280 medias desde que inició el proceso electoral el pasado mes de septiembre de 2023. Las medidas cautelares solicitadas por procedimiento especial sancionador fueron 119, por procedimiento sancionador ordinario fueron 40 y por violencia política en razón de género fueron 21 las medidas cautelares solicitadas.La inseguridad durante el periodo electoral ha obligado a algunas personas candidatas a no participar o incluso a desistir de las candidaturas aseguró, Zacarías Castillo, quien también advirtió que no puede repetirse un proceso como el ocurrido hace tres años en el municipio de Jilotlán de los Dolores cuando por la intromisión del crimen organizado se anuló la elección municipal, "dicho proceso no se pudo reponer, es un municipio en Jalisco que no tuvo elecciones y que no tuvo las condiciones para que se pudiera reponer ese procedimientos" lamentó el especialista.El problema de la jornada electoral en términos de seguridad asegura el académico es que no se trata de un grupo, sino de varios grupos que buscan perpetuar sus nichos de poder imponiendo a ciertas candidaturas, por lo cual resulta imperativo para el investigador la garantía por parte del Estado del derecho a ejercer el voto este 2 de junio.De lo contrario "se lesiona un derecho político muy importante para los ciudadanos que es el poder elegir a sus representante que el ciudadano decida hacerlo y no esas imposiciones que a la fuerza están tratando de establecerse en diferentes regiones", aseguró Zacarías Castillo.La violencia ante el periodo electoral en Jalisco dejó bajas en Jalisco cuando asesinaron al precandidato, Humberto Amezcua Bautista, presidente municipal con licencia de Pihuamo y precandidato de la Coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, así como el asesinato de Francisco Sánchez Gaeta, regidor con licencia y candidato a síndico de Puerto Vallarta, así como de Jaime Vera, precandidato único a la alcaldía del municipio de Mascota ambos contendientes por el Partido Verde Ecologista. YC
