Jueves, 30 de Mayo 2024

Ahora vinculan a Ayón por irregularidades en Ipejal 

El ex funcionario y cinco personas más fueron vinculados a proceso uso ilícito de atribuciones y facultades

Por: Evelyn Olvera

A Francisco Ayón, ex secretario de Educación, se le dictó prisión preventiva por seis meses. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

A Francisco Ayón, ex secretario de Educación, se le dictó prisión preventiva por seis meses. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, que afectó al Instituto de Pensiones (Ipejal), seis ex funcionarios fueron vinculados a proceso. 

Esto es producto de la segunda carpeta de investigación por la compra irregular de fondos de inversión que afectaron el Fondo de Pensiones de los afiliados. 

Entre los señalados está Francisco Ayón, quien fungió como presidente del Consejo de Administración de Pensiones. 

Los otros son Fidel Armando “N”, ex director; Marco Antonio “N”, ex subdirector; Katia “N” y Carlos Gabriel “N”, ex jefes de Administración de Fondos, y Wilfrido “N”, ex titular de Contabilidad.       

El juez Décimo Octavo de Control y Oralidad determinó prisión preventiva justificada para Francisco, Katia y Fidel Armando. Este último en la modalidad domiciliaria durante seis meses con vigilancia de elementos de seguridad pública. Los otros tres estarán en resguardo domiciliario durante medio año. 

El juzgador concedió cuatro meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco. 

La acusación

El pasado 2 de agosto, Ayón fue vinculado a proceso por el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. En ese entonces se le señaló por su presunta responsabilidad en inversiones fallidas por 259 millones de pesos (MDP). 

Al también ex secretario de Educación en la pasada administración estatal se le dictó prisión preventiva por seis meses. Él se encuentra tras las rejas desde el 27 de julio. 

Su abogado se mostró inconforme con la resolución y afirmó que se desestimaron diferentes pruebas con las que, según aseguró, se confirma que su cliente no firmó la autorización para cristalizar una inversión de bonos de deuda de la empresa constructora Abengoa. 
 

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