Este martes durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, llevado a cabo en la Ciudad de México con autoridades federales en la materia y con la participación de las y los gobernadores de la República, el mandatario del Estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, instó a las autoridades a que se puedan homologar los criterios de seguridad en todas las centrales de autobuses para evitar desapariciones con fines de reclutamiento por parte del crimen organizado.Se ha propuesto en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, la posibilidad de homologar la reglamentación de las centrales camioneras a los aeropuertos para poder tener mayores filtros de seguridad que eviten el reclutamiento principalmente de jóvenes. Es decir, que los boletos del camión tengan impreso el nombre del pasajero, que hay un filtro de seguridad para pasar a los andenes y que en el momento en que suban a los autobuses también se contraste el nombre del boleto con la identificación oficial. Eso nos ayudaría mucho a evitar movilidad y reclutamiento de jóvenes a nivel nacional, porque hoy las centrales camioneras, al ser privadas, no están obligadas a tener estas medidas de seguridad", intervino Lemus Navarro durante la reunión del Consejo.El Gobierno de Jalisco ha reconocido que existen diversos casos en los cuales jóvenes y menores de edad, principalmente, fueron vistos por última vez en las inmediaciones de la Central Camionera de Tlaquepaque, por lo cual, incluso, se instaló un protocolo que consiste en primer lugar, en vigilar las instalaciones y los alrededores de la Central mediante un módulo fijo de seguridad en coordinación de la Policía Estatal, la comisaría municipal y la Guardia Nacional, mediante el cual se ha podido rescatar a más de una treintena de jóvenes en lo que va de la actual administración, de acuerdo con cifras municipales y estatales.En algunos de los rescates, e incluso en información brindada por jóvenes que lograron escapar de sus captores, las víctimas refirieron haber sido trasladadas a Jalisco, en su mayoría con engaños, luego de haberles ofrecido falsos empleos con promesas de pagos exorbitantes. Las víctimas que lograron escapar han referido que, tras ser cooptadas por el crimen organizado fueron llevadas a diversos sitios de adiestramiento al servicio del crimen organizado.A fin de evitar este tipo de situaciones, desde su llegada a la administración en diciembre pasado, el gobernador del Jalisco ha instado a las empresas camioneras a que, al momento de que alguna persona, con mayor énfasis en casos en los que el pasajero sea menor de edad, adquiera un boleto o aborde una unidad, se solicite la identificación del pasajero o pasajera para comprobar su identidad y a fin de identificar que no cuenten con alguna ficha de búsqueda activa.Así, Lemus Navarro refiere su intervención a la propuesta presentada en marzo pasado ante la Cámara de Diputados por la diputada federal por Jalisco, de Movimiento Ciudadano, Claudia Salas, y suscrita por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, para reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a fin de prevenir la desaparición de personas y otros delitos asociados, implementando medidas como la solicitud de identificación y la creación de una base de datos de pasajeros, a fin de que, en caso de emergencia o algún incidente, se pueda contar con una base de datos para su localización y seguimiento.En ella se enfatiza la vulnerabilidad de los usuarios ante la delincuencia "ante el alarmante incremento de incidentes de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas y otros delitos asociados al transporte", por lo cual busca que, a nivel nacional, en las centrales de autobuses se establezca la obligación de presentar identificación oficial al comprar el boleto y al abordar el autobús, "disminuyendo" el riesgo de desapariciones sin rastro en este sistema de transporte, además de desincentivar el uso de autobuses de pasajeros para actividades ilícitas.La iniciativa ya fue presentada, sin embargo, aún se encuentra en proceso de ser analizada y discutida para su aprobación en la Cámara de Diputados.Por otra parte, durante su intervención Lemus Navarro también solicitó a las autoridades federales a que sean flexibles en cuanto a los "topes" de crecimiento del gasto corriente de las entidades, (en este caso, referente a Jalisco), puesto que, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios tienen límites de gasto para evitar que gasten más allá del porcentaje correspondiente a la inflación, pero a su vez, se les instó durante el Consejo a que puedan contratar más personal para sus policías y sus fiscalías."Estamos completamente de acuerdo, nada más pedirles si nos echan la mano con la Secretaría de Hacienda en la Ley de Disciplina Financiera, porque luego nos ponen topes de crecimiento muy bajos, solamente relativos a un porcentaje cercano a la inflación. Y si nos piden la contratación de más elementos para el área de seguridad y para el área de fiscalía, nada más que nos den esa flexibilización en la Ley de Disciplina Financiera", señaló Lemus Navarro.Tras la reunión, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México (SSPC), dio a conocer que, como parte de lo abordado durante el Consejo, las y los gobernadores, en conjunto con las autoridades en materia de seguridad, se comprometieron, mediante el "Acuerdo Nacional para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública " a fortalecer sus fiscalías estatales y sus policías locales, que son la primera línea de contacto con la ciudadanía y quienes enfrentan directamente los retos de la seguridad en cada comunidad."Recordemos que son las policías estatales y municipales las que acuden de inmediato al llamado de una emergencia, las que acompañan al comerciante que teme por su negocio o que brindan auxilio inmediato al ciudadano que es víctima de un delito, como el más común que es el robo", expresó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.Así, las 32 policías estatales deberán contar con un estado de fuerza que les permita operar, además de las condiciones necesarias para prevenir, atender, investigar y contener de manera efectiva los delitos del fuero común, incrementando su eficacia operativa y recuperando la confianza ciudadana, además de que, hacia enero de 2028, cada entidad debe garantizar el contar con al menos una academia o instituto certificado para la formación policial. NA
