El 17 de octubre del año pasado, fue ejecutado a tiros el procurador de Órganos del Centro Médico de Occidente, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Ezequiel Martínez. Esto sucedió en la Colonia Independencia, en Guadalajara, mientras viajaba en su vehículo a pocas cuadras de su consultorio. En 2019 hubo 51 servidores públicos administrativos y operativos víctimas de muertes violentas, es decir aquellas ocurridas por armas de fuego o blancas, golpes y estrangulación, de acuerdo con estadísticas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). A esta cifra sólo se le aproxima la de 2013, cuando se reportaron 48 autopsias realizadas a personas identificadas como servidores públicos que fallecieron en las condiciones mencionadas. En total, en los últimos siete años el IJCF ha realizado 262 autopsias a servidores públicos por alguna muerte violenta. En 222 de estos casos las razones fueron heridas provocadas por armas de fuego; 16 más por armas punzocortantes, 15 por golpes y nueve por estrangulamiento. Entre los asesinatos de agentes encargados de la seguridad se encuentra el del fiscal Regional de la Fiscalía Estatal, Gonzalo Huitrón, quien fue emboscado el 26 de julio, cuando se desplazaba por la carretera Santa Rosa-La Barca. Los atacantes le dispararon con fusiles de alta potencia y después huyeron. Según información de la Organización Causa en Común, fueron 30 los agentes de seguridad activos asesinados el año pasado en el Estado, cuando en 2018 se registraron 24 fallecimientos de oficiales.
