El Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda presentó su segundo informe de actividades en el cual destacaron la emisión de la Recomendación 01/2023 la cual estableció un precedente importante para coadyuvar a la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en temas de desaparición de personas.La recomendación está dirigida a seis instituciones y a cada uno de los 125 municipios para que cada de acuerdo a sus facultades hagan lo necesario para buscar a las personas desaparecidas en Jalisco y procuren la reparación de daño de las personas víctimas. Las instituciones a las que se generaron las recomendaciones fueron al Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y Fiscalía del Estado, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, El Instituto Jalisciense Comité de Ciencias Forenses, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco, la Secretaría de Gobierno y los municipios.Las integrantes del consejo destacaron los avances logrados así como los desafíos que persisten en la implementación de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, entre los que destacan 19 reuniones con autoridades enfocándose en la implementación efectiva de la Ley, así como en la mejora de políticas y estrategias para la búsqueda de personas desaparecidas.El Consejo también envió más de 90 oficios y comunicaciones solicitando acciones específicas, información y cooperación en para impulsar los procesos de búsqueda y mejora de prácticas.Durante el período reportado, se realizaron 36 sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, para mantener una gestión y coordinación efectiva del Consejo y se definieron la misión, visión y objetivos estratégicos del Consejo, enfocados en fortalecer la protección y garantías de los derechos de las víctimas.Se fomentaron encuentros activos con las familias y colectivos de personas desaparecidas, abordando sus necesidades y preocupaciones de manera directa y empática y se integraron cinco consejeras y consejeros al Consejo, asegurando la renovación y continuidad de sus funciones.Otro de los avances administrativos que destacó el consejo fue el establecimiento de un procedimiento para recibir y seguir quejas sobre irregularidades cometidas por servidoras y servidores públicos, contribuyendo a mejorar la rendición de cuentas y las prácticas institucionales.NA
