Las investigaciones en torno a los presuntos casos corrupción que involucran a magistrados de Jalisco, tanto del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) como del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), incluyen despachos jurídicos y empresarios, informó el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez. "Estamos revisando algunos temas de despachos, no sólo de magistrados, de despachos que puedan estar metidos en esta agenda de corrupción". Lo anterior es una parte de la estrategia que el Gobierno del Estado trabaja en mesas conjuntas con la Federación y que ya derivaron en tres investigaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda: dos en contra de los magistrados del TAE Armando García Estrada y Alberto Barba Gómez; y una en contra del magistrado del STJE Celso Rodríguez González."La investigación camina, pronto van a ver hechos concretos y lo que les puedo decir es que la mesa está sesionando cada semana, los avances son importantes y pronto habrá noticias". El gobernador negó que haya un motivo político en el fondo de estas investigaciones, sino que se trata de poner fin a la corrupción en el Poder Judicial. "Estos magistrados no tienen autoridad moral para decir nada, ellos le hicieron mucho daño ya a la ciudad y le hicieron mucho daño al Poder Judicial y a la impartición de justicia de Jalisco, ojalá paguen por los actos que cometieron". El gobernador y había anunciado que además de estos tres casos existen "muchos más" en contra de magistrados. La novedad es que ya se sumaron investigaciones contra despachos y empresarios. "Se está incluyendo no solo a funcionarios del Poder Judicial sino toda una red, incluso diría algunos empresarios, que también no se ha dicho mucho al respecto, pero también hay empresarios que están en esta lógica en un proceso de investigación". Entre los hallazgos en los casos ya ventilados de presunta corrupción por parte de magistrados está el que los bienes que poseen estas personas no corresponden a sus ingresos. Los señalamientos en su contra incluyen autorizaciones de desarrollos inmobiliarios o gasolineras que se hallan fuera de norma.LS
