Ante la petición de la sección XLVII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de una revisión a los protocolos de actuación con respecto a los actos de acoso y abuso que se viven al interior de las escuelas, el titular de la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ) afirmó que dicho reglamento tiene una base jurídica y metodológica en constante cambio que, en muchas ocasiones, es desconocida por la base docente.Señaló que el protocolo no pretende dejar en la indefensión a los maestros ante los dichos del alumnado, sino brindar las herramientas a ambas partes para cuidar en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes en las aulas.“Muchas de las veces lo que se termina sancionando son omisiones, basta con que un maestro cometa una actividad inadecuada pero si en la cadena de mando no se toman las medidas que se deben de tomar hay sanciones a esa omisión, no por el acto sino por la omisión”.Refirió que ante cualquier hecho de esta índole se le brinda a los docentes la oportunidad de replicar y ser escuchados ante los actos que se denuncian. Sin embargo, invitó a los profesores a revisar de manera puntual el protocolo de actuación ante actos de abuso y hostigamiento.Ante este tipo de hechos, la Secretaría de Educación en Jalisco tiene un protocolo de actuación que, en primera instancia, trabaja de manera preventiva con educación emocional a los menores para evitar que ejerzan cualquier tipo de expresión de violencia en contra de sus pares.En caso de que haya algún acto de acoso u hostigamiento entre iguales, los docentes son los primeros respondientes ante la denuncia de los alumnos por este tipo de acciones. De ahí, el tema se escala a los directivos de los planteles educativos, quienes a su vez reportan la incidencia a las delegaciones regionales, y estos pasan el reporte a la Secretaría de Educación.Flores Miramontes aseguró que los casi 80 mil profesores de educación básica en los 13 mil 303 planteles educativos en el Estado tienen la orden de reportar cualquier hecho de esta índole. De lo contrario, se pueden enfrentar a sanciones administrativas por omisión.Precisó que, entre las penalidades que se les extienden a los docentes omisos, se les suspende por un periodo indeterminado que va desde los 15 hasta los 30 días. Y dependiendo de la gravedad de la omisión, hasta la posible suspensión permanente. Una vez que la denuncia por bullying escaló hasta la Secretaría de Educación, desde la dependencia estatal se realiza una intervención interdisciplinaria con el menor agresor, el agredido y los posibles espectadores.Todos ellos reciben atención psicológica y contención emocional, mientras que a los padres de familia se les insiste en mejorar la comunicación con sus hijos dentro de los hogares. En el caso de que los padres de familia y el menor agredido lo soliciten, el funcionario estatal afirmó que se les brinda la facilidad de realizar el cambio de escuela. De lo contrario, el alumno continúa recibiendo clases de manera regular en su plantel educativo.Si bien el acoso escolar o bullying es una práctica que se lleva a cabo entre pares, los casos de violencia u hostigamiento por parte de docentes o personal administrativo en contra de menores también son una realidad en Jalisco.En estos casos, el protocolo por parte de la autoridad educativa dicta la separación del cargo por parte del personal que presuntamente ejerció violencia en contra de los alumnos, mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Además, se lleva a cabo un acompañamiento psicológico y emocional a las víctimas.JM
