La reciente entrada en vigor de la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales ya empieza a generar impactos en el servicio de distribución de agua mediante pipas en el Área Metropolitana de Guadalajara. Propietarios de estas empresas privadas reportan escasez del líquido y saturación en los pozos de extracción, lo que retrasa la entrega a sus clientes y provoca pérdidas económicas.“Desde la ley hemos tenido problemas para abastecer nuestras unidades. Tenemos que hacer filas de tres, cuatro o hasta cinco horas para llenar un solo camión. Si un cliente nos llama a las nueve de la mañana, le digo que le podría surtir hasta después de las tres, cuatro de la tarde. Estamos perdiendo el negocio; muchos compañeros de plano cerraron y están vendiendo sus unidades porque están perdiendo”, compartió un empresario de Zapopan que prefirió mantener el anonimato.Los propietarios denuncian que varios pozos donde solían extraer agua fueron clausurados, y los que permanecen abiertos se saturan desde primeras horas de la mañana. Intentos de establecer alianzas con otros negocios no han resuelto la situación, por lo que algunos prevén un riesgo de cierre si las condiciones se mantienen. En 10 empresas consultadas en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque se reportó saturación, mientras que cinco más ya suspendieron su servicio y tres solo ofrecen entregas con cita previa.La nueva legislación endurece las regulaciones sobre las concesiones de agua: estas ya no se pueden traspasar ni vender entre particulares, y los derechos de uso no se pueden modificar sin autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que ahora centraliza el control del recurso. Aunque los plazos de concesión se mantienen entre cinco y 30 años, los requisitos para su prórroga son más estrictos.El Gobierno federal asegura que las reformas buscan proteger el agua, evitar su sobreexplotación y garantizar el acceso universal. La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se privilegia el consumo humano frente a otros usos que durante años se dieron al recurso en México. Sin embargo, empresarios del sector señalan que no se consideró el impacto sobre sus operaciones y empleos. “En estas dos semanas hemos perdido aproximadamente 70 mil pesos porque no podemos surtir a la capacidad habitual. Se modificó repentinamente sin permitirnos adaptarnos”, lamentó un empresario de Tlajomulco.Académicos reconocen la necesidad de la ley, pero alertan sobre riesgos de desabasto y pérdida de productividad. Rodrigo Navarro Guerrero, de la Universidad Panamericana, consideró que la falta de reglamento genera incertidumbre, mientras que Ulises Ramírez Sánchez, de la Universidad de Guadalajara, advirtió que algunas empresas abusaban de sus concesiones y que la regularización será clave para mantener operaciones ordenadas y sostenibles.Por el momento, el sector privado se enfrenta a un periodo de ajustes y reorganización. La exigencia de regularizar concesiones y la saturación de pozos podrían redefinir el modelo de distribución de agua en la metrópoli, mientras usuarios de pipas deben adaptarse a retrasos y cambios en la entrega.
