Este miércoles se dio a conocer que un juez concedió la suspensión definitiva contra la vinculación a proceso del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, a quien se le acusa de estar ligado al crimen organizado, extorsiones y hasta secuestro, con la agravante de ser un funcionario público quien presuntamente cometió los delitos.Al respecto, Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara y especialista en materia de seguridad y justicia, explicó que la suspensión definitiva contra la vinculación a proceso, marcada en el expediente 243/2026 del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, no representa el fin de su caso, ni que vaya a ser puesto en libertad, sino que únicamente representa una pausa en el proceso que se sigue en su contra.Lo anterior, por el momento, solo forma parte del derecho que tiene toda persona mexicana para defenderse, como parte de las garantías constitucionales que otorga el sistema de justicia a cualquier persona imputada, sin que ello implique una resolución de fondo sobre su responsabilidad penal.Así, insistió, la suspensión definitiva únicamente detiene temporalmente el avance del proceso hacia la etapa de juicio oral (particularmente en la etapa de la investigación complementaria), en tanto se revisan posibles violaciones procesales o sobre su detención, pero sin modificar la situación jurídica actual del ex alcalde, quien permanece sujeto a las medidas impuestas por la autoridad en prisión, aunque aún sin sentencia."Previamente, en el mes de febrero, se le había otorgado una suspensión provisional en particular sobre algunos actos. Y esto, por ahora, es parte de todo el derecho que tiene un ofendido de defenderse, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: tiene derecho a un abogado, tiene ese derecho tiene derecho a defenderse, a alegar su posible inocencia, si él lo considera así. Pero eso dista mucho a lo que pueda resolverse de fondo respecto a las acusaciones en su contra", refirió Jiménez Reynoso.Explicó que el efecto práctico de la resolución judicial, notificada ante el amparo previamente interpuesto por su defensa, es únicamente aplazar el inicio del juicio oral, etapa en la que se analizarían pruebas, testimonios y documentos que se puedan reunir, por lo que insistió en que el proceso no se cancela ni se invalida, sino que se mantiene en pausa mientras se resuelven los recursos promovidos por la defensa.Y, pese a que, con base en el amparo pudieran llegar a acreditarse violaciones al debido proceso (en este caso particular, durante la detención de Diego Rivera), estas no necesariamente derivan en la liberación del imputado, sino en la reposición de procedimientos, particularmente tratándose de delitos considerados graves, como los que se le atribuyen al alcalde de Tequila."Hasta que se resuelvan hay probablemente otros amparos de fondo. Y hasta que esto se resuelvan entonces ya entraríamos a otra etapa, pero son varios delitos los que traen contra esta esta persona, no esta nada sencillo que obtenga su libertad, podrán darle la razón de alguna violación constitucional, alguna violación a sus garantías, individuales, pero eso no significa que vaya a obtener su libertad, ¿verdad?".Asimismo, estimó que el tiempo de resolución del amparo "de fondo" podría ser relativamente corto, considerando un plazo de mes y medio aproximadamente, aunque advirtió que el avance hacia el juicio oral puede prolongarse considerablemente dentro del sistema de justicia mexicano (que incluso llega a abarcar varios años) lo que obliga a mantener seguimiento puntual del caso para evitar posibles actos de corrupción."Sin embargo, no hay que dejar de ver, de tener presente que los ojos del mundo están encima de este de este asunto, de lo que va a ocurrir con Diego Rivera. Sería un mensaje muy negativo para las autoridades mexicanas que se le concedieran, que le dieran beneficios que alega cuando existen pruebas muy contundentes contra esta persona. Hay en juego mucho… y creo que debe de valorarse ello, que si las autoridades llegan a cometer un error, y se le libra de las acusaciones, pues va a ser muy negativo para para todo el País", advirtió el especialista."Cualquier imputado puede defenderse, puede promover amparos, puede alegar su defensa, puede decir que él es inocente, él puede argumentar todo eso. Pero de eso, a que se le dé o se le conceda la razón, hay una gran distancia. Pueden ser hechos aislados de violaciones al procedimiento, pero sin problema este se repone y continúa el proceso. Es decir, es muy difícil que se le pueda dejar en libertad a una persona a quien se le señalan varios delitos graves del fuero federal, como vínculos con el narcotráfico, extorsiones y hasta secuestro. Y aunque se llegara a conceder, quizá, algún abuso de autoridad durante la detención, por ejemplo, los delitos como la extorsión y la privación legal de la libertad que se le señalan, todo eso se queda firme", finalizó Francisco Jiménez Reynoso. YC
