María Sánchez lleva más de tres años esperando una resolución judicial. Su caso es simple: una pensión alimenticia que nunca llega completa. Ya perdió varios días de trabajo para acudir a las audiencias que se difieren, pagó copias, traslados y honorarios que se acumulan sin que el juicio avance. “Siempre falta algo: el juez, el acuerdo, el expediente… o el abogado de la otra parte”. Para ella, la justicia no es un concepto abstracto: es una espera interminable que impacta directamente en su economía y en la vida de sus hijos. Historias como esa se repiten por miles en Jalisco, donde el avance de la justicia digital podría ayudar, pero es insuficiente. De acuerdo con el Poder Judicial del Estado, apenas 3% de los asuntos se tramitan mediante juicios en internet, una cifra mínima frente al rezago que enfrentan los juzgados. Uno de los principales obstáculos no es la falta de tecnología, sino la resistencia de una parte del gremio de abogados, quienes continúan bloqueando el uso de los juicios en línea. Esta negativa impide el desahogo ágil de los asuntos y profundiza la saturación del sistema judicial, afectando a quienes esperan sentencia. Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara, señala que detrás de esta resistencia existe un interés económico. Alargar los juicios, explica, resulta más rentable para algunos litigantes. “Prefieren tener a los clientes cautivos, extender los procesos lo más posible. Juicios largos y tediosos significan más cobros”. Rodolfo Guerrero, de la Comisión de Legaltech del Capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, coincide y advierte que esta práctica provoca que los procedimientos que podrían resolverse en meses se prolonguen durante años. “Muchos juicios no deberían tardar más de seis meses o un año”. Arturo Zamora, abogado y ex senador de la República, recuerda que la interposición de recursos con fines dilatorios ya está tipificada como delito. Sin embargo, reconoce que la práctica persiste. “Se plantean recursos innecesarios que entorpecen el proceso y retrasan la emisión de sentencias, lo que impide que se haga justicia en tiempo y forma”. El impacto de estas prácticas se refleja en cifras preocupantes. Según el Inegi, Jalisco fue en 2024 el tercer Estado con mayor número de asuntos penales sin resolver. A ello se suma que, de acuerdo con José Luis Álvarez Pulido, presidente del Poder Judicial del Estado, durante el año pasado ingresaron más de 66 mil nuevos asuntos y sólo se lograron dictar cinco mil 900 sentencias. Autoridades judiciales y especialistas coinciden en que la ampliación de los juicios en línea ayudaría a reducir el rezago. La meta es que 50% de los juicios se resuelvan mediante esta modalidad, según Álvarez Pulido. Mientras el mayor rezago persiste en los juzgados de primera instancia, abogados como José Luis Tello, presidente del Consejo de Colegios de la Abogacía, y Ernesto López-Acosta, de Abogados sin Corbata, advierten que el sistema aún no opera plenamente y urgen a asignar mayor presupuesto para capacitación y personal. Desde el Congreso de Jalisco, el presidente de la Mesa Directiva, Julio Hurtado, reconoce el retraso en la implementación de nuevas tecnologías y adelanta que será un tema prioritario en la agenda legislativa.
