Habitantes de Tonalá continúan expuestos a los efectos de la contaminación, abandono e incertidumbre que dejaron los vertederos clausurados de Matatlán y Los Laureles, donde permanecen millones de toneladas de basura sin manejo adecuado. En el entorno de Matatlán viven más de seis mil 200 personas en los fraccionamientos Urbi y Loma Real, donde olores fétidos, polvo y fauna nociva forman parte de la rutina cotidiana. Y en Los Laureles, aunque el Ayuntamiento asegura que las viviendas están “a una prudente distancia”, los fraccionamientos El Triunfo y Vizcaya se encuentran a escasos metros, y sus habitantes también reportan afectaciones.Ambos sitios fueron cerrados tras años de omisiones en el manejo de residuos. En junio, el Gobierno del Estado firmó un acuerdo reparatorio con la empresa Caabsa Eagle para iniciar la remediación ambiental. Sin embargo, el avance reportado por la autoridad apenas llega al 8 por ciento.El procurador estatal de Protección al Ambiente, Iker Frangie, detalló que en Los Laureles se acumulan 15 millones de toneladas de desechos. Aunque se instaló malla perimetral y se desmontó la planta de separación, los trabajos de control de lixiviados siguen pendientes. “Los cárcamos están llenos y aún hay canales de escurrimiento… eso representa un riesgo para los cuerpos de agua, incluido el río Santiago”.Los Laureles fue clausurado el 30 de septiembre de 2021 y Matatlán el 30 de abril de 2023, pero la remediación integral nunca se concretó. En Matatlán, los vecinos llevan años denunciando irritación en ojos y garganta, enfermedades respiratorias, molestias dermatológicas y riesgo de incendios.Para el investigador Gerardo Bernache, Caabsa incumplió la Norma Oficial Mexicana NOM-083-Semarnat-2003, que regula la operación y clausura de rellenos sanitarios. “Ambos sitios fueron mal manejados, no cumplieron los criterios establecidos ni el control de lixiviados”.Matatlán ejemplifica el problema: clausurado desde 2007, siguió operando como planta de transferencia y, tras el cierre de Los Laureles, volvió a recibir basura hasta su clausura definitiva en 2023.El acuerdo firmado en junio obliga a Caabsa a remediar ambos vertederos en 24 meses o pagar 341 millones de pesos si incumple. Mientras tanto, los procedimientos penales quedaron suspendidos.El Ayuntamiento de Tonalá afirma que supervisará la remediación y exige que se cumpla “de acuerdo con la norma”.Los testimonios evidencian las afectaciones para los vecinos. Josefa López, vecina de Los Laureles, asegura que la contaminación no ha cesado. “Siguen entrando camiones con escombros y queman basura. Todo el humo se mete a la casa. Nos piden que nos vayamos, ¿pero a dónde vamos si no tenemos a dónde ir?”.En Matatlán, Alfredo Sánchez vive un escenario similar. Comparte que las quemas de basura y pastizal continúan y él mismo ha intentado apagar incendios. “Me han querido correr desde hace un año, pero no tengo a dónde ir, y mis animales tampoco”.Se solicitó al Ayuntamiento de Tonalá precisar si los asentamientos alrededor de los vertederos cuentan con permisos, si son irregulares y si reciben servicios públicos. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta del alcalde Sergio Chávez.
