La nueva iniciativa de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones en México, ha provocado un intenso debate público, pues aunque la propuesta busca modernizar y reorganizar el sector, hay varios puntos que generan preocupación por su posible impacto en la libertad de expresión, el acceso a la información y la competencia en servicios digitales.Uno de los principales cambios es la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un organismo autónomo que hasta ahora ha regulado el sector con independencia del poder Ejecutivo. En su lugar, se propone crear una nueva entidad, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que estaría bajo control del gobierno federal. Esto ha sido criticado por especialistas y opositores, quienes temen que se pierda la imparcialidad y se favorezcan decisiones políticas o económicas que afecten a los usuarios.También se incluye el Artículo 109 que permitiría al gobierno bloquear plataformas digitales, como redes sociales, servicios de streaming o aplicaciones, bajo justificaciones como la seguridad nacional o el incumplimiento fiscal. Lo preocupante es que esto podría hacerse sin necesidad de una orden judicial, lo que ha encendido alarmas sobre posibles actos de censura.Ante las críticas, Claudia Sheinbaum ordenó frenar la aprobación inmediata de la reforma para revisar a fondo el artículo que permite el bloqueo de plataformas. También se ha comprometido a abrir el debate a expertos y legisladores para asegurar que la nueva ley no se utilice para censurar ni para controlar el contenido digital de forma arbitraria.MF