La polémica reforma judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio ayer un paso más rumbo a su aprobación en el Congreso de la Unión, pese a las preocupaciones de empresarios, países, organismos internacionales y partidos de oposición, por sus implicaciones económicas, sociales y políticas. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por 22 votos contra 17 el dictamen de la iniciativa, que propone la elección de jueces y magistrados por voto popular y una nueva integración de la Suprema Corte, entre otros cambios. Con ello, la reforma está lista para pasarse al pleno de la próxima Legislatura, que tendrá mayoría calificada de Morena y aliados, para discutirse y votarse a partir del 1 de septiembre. Durante la sesión de la Comisión, los partidos opositores (PAN, PRI, PRD y MC) afirmaron que la reforma no resolverá el rezago ni la corrupción en el Poder Judicial, transgrede la independencia de los jueces y magistrados, y representa una violación al principio democrático de la separación de Poderes. En contraparte, el diputado de Morena, Hamlet García, calificó como “falso” que no se haya escuchado al Poder Judicial, a la sociedad y a los expertos que acudieron a los foros de discusión de la iniciativa. Las voces contra la reforma siguen creciendo. En el sector empresarial, la American Chamber of Commerce of México (AmCham) y la Cámara de Comercio del Canadá en México (CanCham) llamaron a evaluar las consecuencias de su implementación. “Vemos riesgos en la independencia del Poder Judicial, y un potencial retraso en la profesionalización de la justicia especializada, incremento en costos, reducción de la efectividad del sistema judicial e incertidumbre para la inversión”, dijo la AmCham. J.P. Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, alertó que la situación actual puede llevar a que la debilidad económica que vive México se prolongue hasta 2025, “a medida que la inversión se suaviza gradualmente y las empresas frenan el gasto de capital dada la creciente incertidumbre”. El peso sigue nervioso y se depreció a $19.40 por dólar. Mientras tanto, el Presidente López Obrador rechazó el llamado al diálogo del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la reforma al Poder Judicial. “Es un asunto de los mexicanos y se está resolviendo en las instituciones de nuestro país”. La relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, dijo estar muy preocupada por los efectos de la reforma, ya que afectará el funcionamiento del Poder Judicial. “Insto a las autoridades a reconsiderar detenidamente la propuesta, dando el peso adecuado a la garantía de derechos humanos de la independencia judicial”, remarcó. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, rechazó esta apreciación. “¿Qué más fuerte puede ser un Poder Judicial, que si los jueces, ministros y magistrados son electos por el pueblo?”.Prosiguen las manifestaciones y el paro nacional de labores que arrancó el pasado miércoles. Mil 100 jueces y magistrados de Circuito solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que evite la aprobación de la reforma judicial.
