Luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores reveló a 19 fiscalías estatales las metas a cumplir para dar la lucha contra el tráfico ilegal de armas, para Zacatecas surgió una nueva preocupación y un reto, ya que dentro del ranking nacional ocupa el cuarto lugar con mayor número de aseguramientos en los últimos cuatro años.En entrevista con EL UNIVERSAL, el fiscal Francisco Murillo Ruiseco mencionó que, por primera vez, la Cancillería convocó a un diálogo a todas las fiscalías estatales en donde se abordó los compromisos que el Gobierno mexicano debe asumir dentro del Plan Bicentenario para reducir el tráfico de armas de Estados Unidos que ingresa de manera ilegal a México.Precisó que en este tema se ha involucrado a las Fiscalías con un trabajo interinstitucional y coordinado porque en la gran mayoría de los homicidios que se cometen en el país, la principal herramienta que se usa es el arma de fuego, aunado a que se deben reforzar los litigios que encabeza el gobierno mexicano en las cortes de Estados Unidos contra las empresas que expenden las armas que ingresan de manera ilegal a este país.El fiscal admitió que, bajo este escenario, "Zacatecas está en una situación muy comprometida" y se tiene la urgente necesidad de actuar a la brevedad "antes de que se complique más" y, a la vez, cumplir con esta nueva meta impuesta, no solo porque figura dentro de las cuatro entidades con mayor número de armas aseguradas, sino porque urge reforzar la tecnología para el rastreo de los armamentos que se debe integrar a una base nacional e internacional.El problema, reveló el fiscal zacatecano es que desde 2019 se venció la licencia del software del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS por sus siglas en inglés), la cual permite capturar, compartir y comparar cantidades considerables de información e imágenes de muestras en una red de sitios de adquisición de imágenes balísticas, así como identificar proyectiles o casquillos que probablemente coincidan de manera automatizada.Sin embargo, dijo, no se ha podido adquirir por problemas presupuestales, pese a que se ha solicitado el recurso a los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero no se les ha otorgado el dinero para renovar la licencia del IBIS, por ello, se ha implementado un sistema interno para contar con esa información.Aclaró que está limitada porque no se puede alimentar de manera sistematizada a la plataforma nacional.Francisco Murillo precisó que en realidad se requiere de instalar toda una infraestructura tecnológica, así como para la de investigación, la cual se busca lograr con la creación de la Unidad Especializada de Homicidios, pero para ambos proyectos se requiere de 70 a 80 millones de pesos.Mencionó que también se van a iniciar gestiones a través de la cancillería mexicana para ser considerados por parte del gobierno norteamericano en que se done un software que permitiría enlazarse a las plataformas binacionales, pero para ambos objetivos se requiere del apoyo del gobierno estatal y federal.El fiscal Francisco Murillo precisó que la Secretaría de Relaciones Exteriores les informó que las entidades con el mayor número de armas aseguradas son: Sonora (25%), Tamaulipas (21%), Michoacán (7.39%) y Zacatecas (5.52%), así como Jalisco, Chihuahua, Guerrero, Guanajuato, Sinaloa y Baja California.Precisó que de 2019 a 2022 se contabilizaron más de 367 mil piezas armamentistas, en cuya contabilización hay armas, cartuchos, cargadores y demás aditamentos que se contemplan dentro de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pero en el estricto sentido de armas de fuego de 2020 a 2022 se aseguraron 62 mil 46 armas de fuego en el país.Admitió que las dos primeras entidades que ocupan el mayor porcentaje por ser zonas fronterizas, por ello, también obliga a poner atención en Zacatecas por estar ubicado en el centro del país y porque un gran porcentaje de los homicidios o hechos violentos en que se usan las armas son cometidos por la delincuencia organizada.Explicó que al analizar la incidencia delictiva de Zacatecas, se corroboró que en los últimos seis años se ha incrementado, casi un 100%, los delitos cometidos con uso de arma de fuego (homicidios, robos, secuestros, lesiones, entre otros), ya que en 2016 fueron mil 401 delitos y para 2022 se contabilizaron dos mil 754 delitos cometidos con alguna arma de fuego.Agregó que al comparar los índices de los homicidios dolosos con armas de fuego, se ha incrementado los porcentajes en los últimos años: en 2019 (62%); 2020 (71%); 2021 (75%); 2022 (78%), y en lo que va del 2023 se ha incrementado un 85%.Además de que el año pasado en el Laboratorio de Balística del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses de la Fiscalía zacatecana se analizaron 542 armas de fuego: 176 cortas y 366 largas, las cuales dice que son muy importantes para el esclarecimiento de los homicidios, pero también son muy indispensables para alimentar las bases de datos tanto por el gobierno mexicano como el norteamericano en cuanto a la rastreabilidad de los armamentos.Destacó que también hay una firma de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para compartir todo los relacionado con las armas de fuego que son puestas a disposición, a través de la Cadena de Custodia, las cuales son analizadas por los servicios periciales y determinar mediante huella y comparativo balístico si éstas participaron en hechos delictivos del fuero común.Es necesario trabajar en conjunto a nivel local y nacional en este tema y con esta agenda, si no se puede complicar aún más, mencionó.Resaltó que se requiere fortalecer a las instituciones para poder incidir y disminuir la incidencia delictiva en las que se usen armas y dar la lucha contra el tráfico de armas procedentes de Estados Unidos.vll
