El anunciado aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato —promocionado como el contrabando de hidrocarburo más grande en la historia reciente de México— se encuentra en riesgo de convertirse en un rotundo fiasco institucional. Así lo asevera el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna de opinión, en la que cuestiona severamente el desempeño y la veracidad de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR).De acuerdo con el análisis de Riva Palacio, la intervención en la planta de almacenamiento de San José Iturbide, operada por una filial de Grupo Simsa, presenta múltiples inconsistencias temporales e investigativas. Las autoridades realizaron el anuncio público 13 días después de la detención inicial de un vehículo con combustible en San Luis de la Paz. Además, la empresa involucrada sostiene que opera con permisos vigentes y que únicamente resguarda el producto para terceros."La FGR volvió a mostrar que es pésima para procurar la justicia, pero una sólida fábrica de mentiras. En este momento ya no se sabe si esa operación fue un gran paso en falso, si hay algo de combustible robado en el producto que entregaron para su almacenamiento, si fue un distractor o un pretexto para golpear al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch", señala Riva Palacio.El periodista advierte que la decisión de la fiscal general Ernestina Godoy de atraer el expediente desde Guanajuato hacia la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) busca descalificar al delegado local Juan Francisco Vera Ayala y redirigir el caso bajo la conducción de César Oliveros Aparicio.Riva Palacio explica que los funcionarios involucrados en la conducción de estas investigaciones forman parte de un engranaje político y policial con antecedentes polémicos. En particular, destaca que Vera Ayala cuenta con señalamientos previos por la imputación y fabricación de pruebas en Tabasco, caso que derivó en amparos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.El articulista subraya que este tipo de procedimientos irregulares pone en entredicho el rigor técnico de las instituciones de procuración de justicia en el país."Si se confirmara que una parte sustancial de los 59 millones de litros procedían del contrabando, probaría la capacidad de México para combatir ese delito. Si no es así, el golpe principal sería para la FGR, porque pasaría de ser un gran golpe a un aseguramiento cuya hipótesis no logró acreditarse", concluye el autor.Con información de Raymundo Riva Palacio*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***OA
