Las secretarías de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, y de Relaciones Exteriores, hoy al mando de Roberto Velasco tras la salida de Juan Ramón de la Fuente, emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron algunos dichos en el informe del Comité de Desapariciones Forzadas (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que, aseguran, se omiten "los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo" sobre las herramientas y obligaciones implementadas por el Gobierno de México para erradicar las desapariciones forzadas en el país."El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo", se lee en el comunicado. El informe de la CED, que fue rechazado de manera diplomática por el Gobierno de México, señala que la nación concentra más acciones urgentes por desaparición forzada que cualquier otro país del mundo y, pese a ello, registró un repunte significativo en los últimos meses.El documento, además —y contrario a los datos, cifras y acciones detalladas por la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum— habla sobre fallas estructurales graves en la búsqueda y protección de víctimas y sus familias.El informe señala que el país acumula 819 acciones urgentes entre 2012 y febrero de 2026 —el 38 % del total global— y solo en los cinco meses más recientes (septiembre de 2025 a febrero de 2026) sumó 40 nuevas solicitudes, más de un tercio del total mundial del periodo.Este incremento llevó a la organización a pedir que la ONU publique la versión completa del informe para transparentar las cifras y advertir sobre el deterioro de la situación.La ONG subrayó que el mecanismo, concebido como un recurso humanitario excepcional para localizar a personas desaparecidas de manera urgente, se ha vuelto "recurrente y estructural" en México.Aunque el CED reconoció que el Gobierno de México responde formalmente dentro de los plazos establecidos, señaló fallas continuas en la implementación, entre ellas:El Gobierno de México tildó de "parcial y sesgada" la información emitida por la ONU en el informe. Lamentó que el organismo internacional no haya estudiado las actualizaciones en las medidas para la prevención y atención de la desaparición forzada en el país."Es de resaltar la falta de rigor jurídico en la argumentación del CED, así como la ligereza de sus premisas", dicta el comunicado conjunto.Luego de esto, se declara que el Gobierno de México "no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas" y resalta que la actual Administración ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este delito, ante lo que presentó las "[h]erramientas y obligaciones que el CED no consideró debidamente":Por último, el Gobierno de México reiteró que se mantiene abierto a la cooperación internacional en esta materia, "pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual", aseveró.Con información de EFE.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF