En su columna de opinión, el periodista Héctor de Mauleon dio a conocer un audio en el cual la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presuntamente negocia con autoridades de Estados Unidos para que le sea devuelta su visa, la cual fue cancelada en mayo pasado por la autoridad vecina sin explicación alguna.Esta es la segunda vez en la cual de Mauleón comparte la filtración de un audio asociado a la gobernadora. En junio pasado había dado a conocer otro en el cual manifestaba su interés de recuperar el documento de viaje. En esta ocasión el audio correspondería al seguimiento de dichas negociaciones.En la grabación dada a conocer esta semana, la voz asociada a un agente estadounidense le infiere que está siendo investigada en el país vecino. En el multimedia, la gobernadora pide que se le explique a qué se refiere, y señala su voluntad de colaborar con las autoridades de EU: "Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad", al parecer, en referencia a información que pudiera obtener de las reuniones de seguridad.Luego de que se hubiera acusado a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de “traición a la patria” por presuntamente permitir el ingreso de agentes federales a aquella Entidad, y ante lo cual se logró el desmantelamiento de un laboratorio asociado al crimen organizado, el tema ha retomado fuerza en la opinión pública, puesto que la oposición a Morena ha pedido que, con base en las declaraciones de Marina del Pilar, se le aplique la pena correspondiente por el concepto de "traición a la patria", explicado en el Código Penal Federal. La traición a la patria se considera en el Código Penal Federal, en los artículos 123 al 126, señalando penas que van de los dos a los 40 años en prisión, además de multas de hasta 50 mil pesos a quienes comentan cualquier acto que atente contra la soberanía, independencia o integridad de México para beneficiar a un gobierno, grupo o interés extranjero.Entre ellos se encuentra, por ejemplo, "apoyar a potencias extranjeras", al ofrecer elementos militares, dinero o asesoría a un Estado extranjero para que invada o agreda a México, o "tomar las armas contra la nación" formando parte de ejércitos enemigos o combatir a las fuerzas nacionales bajo banderas extranjeras.También se comete con la "malversación de recursos en guerra" al destruir o entregar a las fuerzas enemigas vías de comunicación, fortificaciones, municiones o recursos del Estado durante un conflicto armado, mientras que en el concepto de "espionaje" se considera el facilitar la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional o entregarles planos, mapas o secretos de Estado referentes a la defensa nacional."Atentar contra la soberanía", según sanciona el Código Penal Federal, ocurre cuando se intenta que una parte del territorio nacional se desmiembre o se entregue a otra potencia, es decir, se busque separar una parte de la tierra del País para entregarla a otra potencia, a fin de que esta tome el control de la misma. Sin embargo, no aplica solo en la palabra o la percepción de un dicho, sino que únicamente se ejecuta cuando esto ocurre físicamente. Al respecto, el doctor en Derecho y presidente de la organización México SOS capítulo Jalisco, Anuar García, explicó que, aún cuando se comprobara que los audios filtrados son reales, y que se trata verdaderamente de agentes del Gobierno de Estados Unidos, de la misma forma en la que ocurrió con Maru Campos, el delito de "traición a la patria" no se cumple, y se trata únicamente de un tema aprovechado políticamente.El abogado explicó que, para que se pudiera configurar ese delito, la información eventualmente entregada como pruebas tendría que servir para alcanzar alguno de los fines previstos en el tipo penal federal ya mencionados, además de tener un impacto relacionado con la seguridad nacional, una posible invasión o realmente atentara contra la soberanía del país.Hasta ahora, indicó, no existe información que permita ubicar el caso dentro de esos supuestos ni un delito que pueda ser reprochado."No hay traición a la patria, porque número uno no ha sucedido; número dos, sería muy importante que dicha información sirviera para que se diera alguno de los fines que señala el tipo penal. Al día de hoy no se cuenta con ningún tipo de información; no es cualquier información", señaló.El especialista en Derecho consideró que la situación es similar a la que se presentó anteriormente en torno a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pues tampoco se concretó una persecución penal en su contra. En ambos casos, señaló, no hay elementos suficientes para proceder penalmente, pese a que las acusaciones han formado parte de la discusión política."No, tampoco el caso de ella aplica como tal, tan es así porque ya lo desecharon, no hay una persecución en contra de ella y creo que estamos al mismo supuesto: no les alcanza para proceder penalmente en contra de ninguna de las dos", señaló."Lo que estaría buscando Marina del Pilar, en un momento dado, sería impunidad en caso de algún señalamiento en su contra, pero tendría que utilizar información que vulnerara la seguridad y la soberanía del País para que se constituya el concepto de traición a la patria, cosa que de ningún lado se desprende", insistió el especialista.Por último, Anuar García señaló que el tema se ha utilizado con fines políticos, sin que exista una base penal que permita imponer una sanción. Añadió que, con los elementos disponibles, no hay forma de que se configure una responsabilidad de esa naturaleza en ninguno de los dos casos. "Se está utilizando el tema para politizarse, pero no hay manera que Marina del Pilar pueda ser sancionada por lo que existe hasta el momento", señaló el abogado. Tras haberse dado a conocer la filtración, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, admitió la autenticidad de los audios, pero aclaró que "se trata de fragmentos aislados y sacados de contexto". Ávila Olmeda aseveró que la llamada corresponde a gestiones y consultas estrictamente legales y personales con abogados para resolver su situación migratoria, derivada de la cancelación de su visa estadounidense.La mandataria estatal rechazó de forma categórica haber buscado "acuerdos en lo oscurito" o negociaciones ocultas, argumentando que cualquier intercambio de información mencionado se realiza siempre dentro del marco legal y bajo la coordinación institucional habitual de un estado fronterizo. Además, dijo, las personas con las que dialogó "se presentaron como supuestos intermediarios de agencias de Estados Unidos, pero nunca acreditaron formalmente su identidad ni mostraron requerimientos oficiales"."Eso que dicen de acuerdos en lo oscurito; yo lo busqué en algún momento porque hay gente que se me está acercando, así como esa gente en el audio que dicen ser intermediarios. Entonces se me hace muy extraño y para yo tener una certeza legal o jurídica me contacté con este asesor en algún momento y él me dio una asesoría legal en su momento".Por su parte, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó públicamente a la gobernadora durante su conferencia "mañanera" y descartó cualquier implicación de gravedad criminal.La Presidenta señaló que, al analizar el material, no existe certeza real sobre la identidad de la persona con la que hablaba la funcionaria, por lo que no se puede concluir de manera formal que se trate de autoridades estadounidenses. Asimismo, Sheinbaum aseguró que el contenido de los audios no compromete la seguridad nacional ni la estabilidad de Baja California."Ella ya dio su explicación, ella dio una explicación. No se sabe realmente ni siquiera con quién está hablando. Lo que hay es una llamada telefónica que dio a conocer un periodista, pero no se sabe ni siquiera bien con quién está hablando y ella ya dio su información. Todo mundo lo escuchó. Es una información que ella está hablando con una persona, no sabemos qué persona es. No sabemos ni siquiera si es de autoridades estadounidenses o no. Y ella da una explicación posterior de que: es parte de una comunicación y que no pone en riesgo absolutamente nada de la seguridad de Baja California", manifestó la mandataria federal.Tras revisar el caso con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la Presidenta reiteró que no se infiere el intercambio de información sensible o confidencial de las mesas de seguridad nacionales, por lo cual concluyó firmemente que no existe ningún delito que perseguir. JM
