Claudia Sheinbaum presentó su Plan B de reforma electoral, una nueva apuesta que busca recortar el gasto de autoridades electorales, Congresos locales y alcaldías, pero que evita tocar el financiamiento público a los partidos políticos.La iniciativa surge tras el fracaso de su propuesta constitucional previa en la Cámara de Diputados. El nuevo proyecto combina cambios a leyes secundarias y ajustes constitucionales con el objetivo de avanzar en el Senado.La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, indicó que el eje central de la propuesta es la austeridad.Entre las medidas, destaca un tope de 0.70% del presupuesto estatal para los Congresos locales, así como la reducción del número de regidores en los Ayuntamientos: de siete a un máximo de 15 ediles. Los ahorros, cuatro mil millones de pesos al año, se destinarían a infraestructura.También plantea limitar los salarios de funcionarios electorales —quienes no podrán ganar más que la Presidenta—, eliminar bonos, seguros de gastos médicos y otros ingresos en organismos como el Instituto Nacional Electoral y Tribunales electorales. El punto más polémico es no reducir el financiamiento público a partidos. En México, dicho gasto asciende a siete mil 600 millones de pesos este año. La propuesta solo plantea topes salariales y mayor control en la rendición de cuentas, pero mantiene intactos los recursos públicos. Esto ya había generado tensiones entre Morena y sus aliados, el PT y el Verde, que frenaron recortes mayores.Otro de los cambios relevantes es la modificación al mecanismo de revocación de mandato. Establece que podrá realizarse en el tercer o en el cuarto año de Gobierno (2027 o 2028) y permitiría que la persona titular del Ejecutivo promueva el voto durante el proceso.Mientras el oficialismo defiende la iniciativa como un paso hacia la austeridad, críticos advierten que los recortes son selectivos: aprietan a instituciones y gobiernos locales, pero preservan el financiamiento de los partidos.Exconsejeros y exdirigentes partidistas rechazaron el proyecto por favorecer a Morena. Marco Antonio Baños advirtió que la revocación de mandato podría usarse con fines electorales; Jesús Zambrano la consideró un intento de concentrar el poder y debilitar el federalismo. Federico Döring criticó la falta de medidas contra el crimen en elecciones y adelantó que el PAN analiza impugnarla por inconstitucional.En Morena se prevé que la reforma se avale antes de abril; es decir, antes de las vacaciones de las Semanas Santa y de Pascua. Reformas constitucionalesAyuntamientosReducción de regidurías: De siete hasta un máximo de 15. Congresos localesTope presupuestal a los Congresos del 0.70% del gasto anual de cada Gobierno estatal.Revocación de mandatoDerecho del pueblo a decidir si la presidencia continúa. El Plan B plantea la consulta el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno (2027 o 2028). Permitiría que la persona sujeta a la revocación promueva el voto a su favor.Reformas a leyes secundarias El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el denominado Plan B de la reforma electoral no es una iniciativa “descafeinada”.Durante un encuentro con los medios de comunicación, el líder guinda reconoció que la reforma que fue rechazada era un proyecto más robusto, pero recordó que sus aliados no estuvieron de acuerdo, y señaló que en política “tenemos que separar lo deseable de lo posible”.“No está descafeinada; reconozco que la primera propuesta y el denominado plan A era mucho más profundo, sin duda, tenía contenidos más profundos como el de la inteligencia artificial, el de los topes en los tiempos oficiales, los sistemas de integración de cámaras (…) pero en política tenemos que separar lo deseable de lo posible y esto es lo que fue posible con los aliados”, señaló.Monreal Ávila apuntó que el contenido del plan A “es una exigencia ciudadana”, por lo que no descartó que en 2027 se envíe una reforma en el mismo sentido.“La Presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no va a dejar de proponerla; es un año el que tiene que transcurrir para poder volver a presentar una reforma de esta naturaleza”, explicó.El también presidente de la Junta de Coordinación Política se dijo tranquilo y satisfecho de que PT y PVEM hayan adelantado su apoyo al plan B. Dijo que lo anterior permitirá evitar fracturas.“Me siento tranquilo porque ya adelantaron su voto en favor de esta reforma, y se convierte también en un instrumento para retomar el diálogo y mantener la condición incólume que por momentos se vio fracturada”, concluyó.Durante su conferencia mañanera, la Presidenta descartó que se vaya a someter a consulta ciudadana el financiamiento de los partidos políticos, otro de los puntos que también objetaron los aliados de Morena. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, aseguró que no se dispensarán trámites ni habrá fast track en el proceso de discusión y votación del Plan B de la reforma electoral.El líder parlamentario de Morena adelantó que será hasta la próxima semana cuando se convoque a comisiones para dictaminar y procesar la iniciativa y confió en que sea aprobada antes de Semana Santa.“Vamos a darle cumplimiento a lo que establece el proceso legislativo. Va a ser turnada a las comisiones, va a seguir el trámite legislativo ordinario, se turnará a las comisiones, se reunirán las juntas directivas de las comisiones y elaborarán el proyecto de dictamen. Va a circular con el tiempo que establece el reglamento, pasará la discusión en comisiones y 24 horas después, conforme al procedimiento”, explicó.—¿Pero sí da tiempo de que sea antes de Semana Santa? —se le preguntó.—“Sí, yo espero que sí, que así sea; seguramente podría ser la próxima semana, lo voy a platicar en la Junta de Coordinación Política”. “Morena no avanzó con su propuesta en poner candados al financiamiento de las campañas políticas por parte del crimen organizado. Será fundamentalmente un arma de censura electoral para callar a la prensa libre y a los ciudadanos”.“No es el Plan B, es el Plan Maduro. Es un traje a la medida, como en Venezuela, para apoderarse de la democracia electoral y decidir quién gana y quién pierde. Además, la propuesta busca debilitar deliberadamente al INE”.“Lo único que busca es la concentración del poder político en la Presidencia de la República y quitarle poder a los Estados, violando soberanías, acabando con el federalismo y centralizar todo el Poder Ejecutivo federal”.CT
