Las contundentes advertencias emitidas por altos funcionarios de la administración estadounidense marcaron un giro inédito en la relación bilateral y en la estrategia contra el crimen organizado. De acuerdo con el análisis del periodista Raymundo Riva Palacio, las recientes posturas de la Casa Blanca representan un ultimátum para el Gobierno mexicano, al definir una ofensiva que rebasará el ámbito puramente policial para golpear las redes de protección dentro de la clase política.La contundencia del discurso en Washington quedó plasmada en la postura del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien sentenció que lo iniciado es una auténtica "cacería" contra el Cártel Nueva Generación (CNG). La consigna, según cita el columnista, es tajante: “Los vamos a demoler, a destruir”.Esta escalada de Washington no responde únicamente a la expansión territorial del grupo delictivo, sino a factores de seguridad nacional y geopolítica de alto nivel. La diplomacia estadounidense atribuye el crecimiento del CNG al respaldo recibido desde estructuras gubernamentales. Sobre este punto, el columnista destaca las declaraciones del director de la DEA, Terry Cole, quien afirmó categóricamente que la organización criminal cuenta como aliados a “miembros del Gobierno de México”.A este escenario se suma la irrupción de la "variable rusa". Según revela Riva Palacio, reportes de inteligencia alertan sobre la presencia de excombatientes con entrenamiento militar ruso capacitando al cártel en tecnología de drones, así como un incremento anómalo de personal diplomático del Kremlin en territorio nacional.A pesar de las severas advertencias, la postura desde Palacio Nacional se percibe con reserva. El articulista subraya el complejo entorno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, señalando que:"Aunque no se conocen vínculos de Sheinbaum con funcionarios rusos, está rodeada de colaboradores que sí los tienen".El alcance de las pesquisas en Washington salpica de manera directa a figuras prominentes del movimiento oficialista, especialmente por la expansión que el CNG registró en el sur del país durante el sexenio pasado. El análisis ubica bajo la lupa de las autoridades estadounidenses a exmandatarios estatales cuyas gestiones coincidieron con el afianzamiento de células delictivas en Tabasco y Chiapas.Entre los perfiles citados destaca el exgobernador tabasqueño y actual senador Adán Augusto López Hernández, a quien Riva Palacio identifica como el personaje sobre el cual existe mayor presión diplomática para que se inicien procesos legales en México. La sombra de “La Barredora” y la penetración criminal en la frontera sur colocan a estos actores en el centro del expediente estadounidense.La respuesta del Ejecutivo mexicano ante estos señalamientos ha evitado la confrontación directa, desplazando la atención hacia incidentes coyunturales como las tensiones operativas con inspectores agrícolas en Michoacán. Sin embargo, para Riva Palacio, esta postura evasiva resulta insuficiente ante el nivel de compromiso fijado por la administración de Donald Trump.El columnista enfatiza que Washington mantendrá abierto el canal institucional a través del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con quien la DEA reconoce mantener una comunicación fluida. No obstante, la determinación del gobierno estadounidense de perseguir a sus objetivos prioritarios dentro y fuera de las estructuras delictivas se mantiene inamovible.El análisis concluye con un aviso sombrío sobre el margen de maniobra de la Mandataria mexicana, advirtiendo que en Washington ya han tomado una decisión de fondo:"Deberían releer en Palacio Nacional sus declaraciones y las de Rubio, para decodificar quiénes son los objetivos prioritarios y entender que con o sin la cooperación de Sheinbaum, seguirán adelante".Con información de Raymundo Riva Palacio*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***OA
