Si a mediados del 2022, tras el asesinato de los sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, a manos de un capo de la zona, hubo fuertes tensiones entre la 4T y la Iglesia Católica, la semana pasada obispos del Estado fallido de Guerrero, de plano decidieron irse por la libre ante tanto caos y desgobierno, y se sentaron a negociar con algunos de los grupos criminales que tienen asolados a los guerrerenses.Pareciera que el clero mexicano decidió convertirse en mediador con el hampa ante la incapacidad de autoridades federales, estatales y municipales de poner freno a sus abusos y extorsiones, que muy poco tienen que ver ya con el cultivo y trasiego de drogas. Si hace dos años el Episcopado Mexicano planteaba al Gobierno de la autollamada cuarta transformación abrir un espacio de análisis, reflexión y crítica para buscar un ajuste a sus políticas de seguridad por la crisis de violencia que ya azotaba al país, la semana pasada dejaron de esperar una respuesta que nunca llegó, y se sentaron a pactar con los delincuentes.Mientras, preocupantemente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar de acuerdo en la intervención clerical para tratar de buscar acuerdos de paz entre los grupos del crimen organizado que se disputan los territorios de Guerrero, resultaba más desconcertante escuchar los testimonios de los obispos y sacerdotes negociadores, explicando que “Tlacos” y “Ardilllos” llegaron a un acuerdo de no agresión porque se les hizo una repartición de permisos para el transporte público. O que el Cártel Nueva Generación también había buscado a otras organizaciones delictivas para exigirles que también se apaciguaran. Y lo inaudito: que un capo le prometió al obispo de Chilpancingo no matar en la ciudad, pero sí fuera de ella. Ante la parálisis e ineficacia de los gobiernos para combatir a la delincuencia organizada, es muy difícil reprobar el activismo de algunos de los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica. Pero lo que sí habrá que decir, es que estos acuerdos logrados con las mafias son sólo atenuantes que no resuelven el grave problema de violencia que generan estos grupos y los abusos que cometen contra la población. Podríamos decir que la fugaz pacificación que pueden lograr, además de poner en riesgo a los sacerdotes, empodera a los mafiosos para seguir desafiando al Estado mexicano.El que los religiosos intenten hacer el trabajo que es obligación constitucional de los gobiernos de los tres niveles, es un grave síntoma del fracaso de las políticas de seguridad y la renuncia de las autoridades a combatir a los grupos del crimen organizado por complicidad y/o negligencia e incapacidad en detrimento de la calidad de vida de los mexicanos.
