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De los estudiantes de cine a Teuchitlán, la misma impunidad
De los estudiantes de cine a Teuchitlán, la misma impunidad
El descubrimiento del rancho en Teuchitlán que era a la vez centro de entrenamiento y centro de exterminio, ha conmovido y movilizado a la sociedad mexicana, sorprendida e indignada ante tales hechos de violencia. Lamentablemente no es el único episodio que ha conmovido a la sociedad en esta guerra informal que vivimos en México.
Justo hace siete años se conocía la noticia de la privación ilegal de la libertad y desaparición de tres estudiantes de cine que se formaban en la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) aquí en Guadalajara. Se trata de Javier Salomón Aceves Gastélum, originario de Mexicali y con 25 años el día de su desaparición; de Marco Francisco García Ávalos (20 años) y originario de Tepic; y de Daniel Díaz García (20 años), originario de Los Cabos. Los tres habían acudido junto con otros compañeros a una finca cerca del Nuevo Periférico, en Tonalá, cuando un grupo de hombres armados los persiguió, los bajó de sus autos y se los llevó en otros vehículos.
Como ahora ocurre con los sucesos del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, el caso de la desaparición de los tres estudiantes de cine conmovió y movilizó no sólo a la sociedad jalisciense, sino a la de todo el país e igual que ahora se convirtió en noticia internacional.
Fue un suceso que impactó, conmovió y despertó la conciencia política de miles de personas, especialmente de los jóvenes y estudiantes. La desaparición de los tres impulsó la movilización de estudiantes del mismo CAAV y de estudiantes de ciencias sociales de la Universidad de Guadalajara. Las semanas siguientes a la desaparición de Salomón, Marco y Daniel, se convocó a miles a la calle en tanto que cientos de estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades llamaron a una huelga en la que buscaron vincularse con colectivos de familiares de desaparecidos.
Apenas habían pasado tres años y medio de la desaparición masiva de 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, y la desaparición de los tres estudiantes de cine volvió más cercana, más real que ese tipo de violencias, también alcanzara a los jóvenes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Debido a la intensa movilización generada en Guadalajara y en todo el país, el suceso de los estudiantes de cine produjo una crisis política para el gobierno del priista Aristóteles Sandoval Díaz. En buena medida por esa presión, la administración se comprometió a intensificar las investigaciones por esta desaparición.
El 24 de abril de 2018, cinco semanas después de la desaparición de Salomón, Marco y Daniel, el Gobierno del Estado presentó un avance de las investigaciones en la que afirmaron que los tres estudiantes fueron golpeados, asesinados y sus cuerpos disueltos en bidones con ácido en una finca ubicada en Tonalá. Fue el equivalente de la “verdad histórica”, pues dos de las familias no dieron por cierta versión. El hecho central es que a partir de “material genético” de uno de ellos (Salomón) se quiso asegurar que los tres habrían sufrido la misma suerte, sin pruebas contundentes de ello.
Ayer, a siete años de que se cumplió la desaparición de sus hijos, las familias de Marco y Daniel exigieron seguir buscando en vida a sus hijos, tal como pidió la ONU desde 2018. Esto “en virtud de que no existen datos científicos fehacientes que indiquen con certeza que hayan fallecido nuestros hijos. Aunque ya se cumplieron siete años, ha sido muy difícil estar sin ellos, seguimos pensando siempre en nuestros hijos, los extrañamos y los seguimos buscando y no nos rediremos, ¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON Y VIVOS LOS QUEREMOS!”, señalan en un comunicado difundido ayer.
Pero hasta ahora no hay justicia y tal parece que la impunidad es el hilo conductor de los tres estudiantes de cine al centro de exterminio de Teuchitlán. Si hace siete años se hubiera detenido a quienes desaparecieron a Salomón, Marco y Daniel, y se hubieran cortado las cadenas de complicidades entre criminales y el Gobierno, ahora no estaríamos conmovidos e indignados por el horror de Teuchitlán. La impunidad es la madeja estatal que permite que la maquinaria criminal de muerte siga operando y devorando personas, especialmente a los jóvenes pobres del país.
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