El dato que reveló EL INFORMADOR ayer en el sentido de que hay sólo 10 personas sentenciadas en prisión por el delito de desaparición forzada en Jalisco, pese a que a la entidad sigue siendo donde más se cometen estos plagios, habla de los niveles casi absolutos de impunidad y que junto con el lastre de la infiltración delincuencial en las policías, como pasó en el caso de la familia Villaseñor, en Acatic, agrava aún más el problema de las desapariciones.El cómputo que se hacía a partir del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) que tiene a la fecha 12 mil 289 personas desaparecidas en Jalisco, da cuenta del tamaño de la impunidad que reina en Jalisco contra estos delincuentes, ya que sólo se castiga a uno por cada mil 229 víctimas.Este casi nulo número de detenciones es el mayor estímulo para que los raptores sigan haciendo de las suyas, ya que saben que es sumamente remota la posibilidad de que sean capturados.Ante este panorama, es también muy preocupante que la Fiscalía dé tan poco seguimiento y supervisión a las contadas órdenes de aprehensión que logran por las desapariciones, como quedó en evidencia con dos de los siete policías de Acatic detenidos por entregar a los raptores a la familia Villaseñor el pasado 24 de marzo, que ya tenían los dictámenes de arresto en su contra y seguían patrullando sin problema alguno.Por ejemplo, en lo que va del mes no sólo supimos del caso de la familia Villaseñor, en el que creció la lista a 39 el número de policías coludidos con los grupos delincuenciales que cometen desapariciones en los últimos tres años, sino que se han registrado al menos otros ocho casos de privaciones de la libertad forzadas, entre ellos una policía, una abogada y seis de sus clientes. Ya lo señalaba ayer a este medio Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), que toda esta ineficacia de la Fiscalía tiene que ver con la opacidad con la que opera la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, por lo que no hay forma de evaluar sus procesos que a todas luces están lejos de dar los resultados que se esperan para enfrentar el mayor problema de seguridad que tenemos en Jalisco.Así que bien harían en la Fiscalía en atender estos señalamientos de la Cepad y abrir los trabajos de la Unidad de Análisis de Contexto y de la Agencia Especializada en Investigación de Desaparición Forzada, de reciente creación, así como volver al informe y diagnóstico que en enero pasado presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de todos los yerros que se comenten en las investigaciones que sobre estos casos se hacen en la Fiscalía.Mientras no se haga este ejercicio de apertura y autocrítica, la impunidad seguirá agravando el problema ya desbordado de las desapariciones en Jalisco, y el gobierno estatal se limitará a seguir haciendo la insuficiente tarea de sólo desenterrar a los desaparecidos de fosas clandestinas, cuando lo que urge es parar los casos de nuevas desapariciones.jbarrera4r@gmail.com
