Dos notas sobre reclutamiento del crimen organizado aparecieron en las primeras planas de en estos días.Una, del New York Times, relata el reclutamiento de estudiantes de química en universidades de Sinaloa para llevarlos a la sierra a producir fentanilo y a experimentar con la producción de precursores con la idea de sustituir las importaciones de China. El enganchador es un conserje de la universidad, no está armado ni viste ropas extravagantes, como suele ser la imagen del narcotraficante en México.La otra, de El Universal, relata cómo ex sicarios y ex guerrilleros colombianos entrenados en el manejo de armas son reclutados por el Cartel Jalisco Nueva Generación para reforzar su ejército. Vuelan de Colombia a Cancún, de ahí a Guadalajara y posteriormente al centro de adiestramiento en Tuxpan, en el sur de Jalisco, un municipio pequeño, atravesado por la carretera de Guadalajara a Manzanillo, a media hora de importantes centros poblacionales como Zapotlán o Colima. El sueldo es de 46 mil pesos, dos mil trescientos dólares, el doble de lo que se paga a un gerente de sucursal en algunos bancos.El gobierno de la república, como siempre, lo niega todo. Sin embargo, el reclutamiento de profesionistas y sicarios es una práctica que lleva años, con los mismos métodos (oferta de trabajo en páginas de internet o directo). Engañados o con conocimiento de causa, una parte de los jóvenes que se integran a los cárteles lo hacen por su voluntad, lo cual no significa, como quisiera el gobierno, que no sean personas desaparecidas, pues una vez llegados a los campos de entrenamiento o a las cocinas son literalmente privados de su libertad, secuestrados.El gobierno se lava las manos como si el hecho de que quienes aceptan un trabajo en el crimen organizado, insisto, con o sin conocimiento de causa, perdieran todo derecho y nunca más existieran para el Estado. Se van por su voluntad, quién sabe en qué anden metidos, suelen ser las frases con las que gobernadores, fiscales y funcionarios del gobierno federal justifican la omisión del Estado.La existencia de laboratorios y de campos de entrenamiento de sicarios evidencian la ausencia del control del territorio por parte de las autoridades de los tres niveles. ¿De verdad el Ejército, La Guardia Nacional, las fiscalías y las policías estatal de Jalisco y municipal de Tuxpan no saben de la existencia de este campo de entrenamiento? ¿Las autoridades universitarias de Sinaloa no están enteradas que uno de los conserjes es un enganchador que trabaja para el crimen organizado? Es prácticamente imposible que no lo sepan y muy probable que se hagan ojos de hormiga.
