El despropósito y claro atentado contra la libertad de expresión que implicó la sentencia dada a conocer el martes pasado en contra del académico y editorialista, oriundo del barrio de San Andrés de Guadalajara, Sergio Aguayo Quezada, en la que sin ningún recato el titular del juzgado 16 de lo civil en la Ciudad de México, Francisco Castillo González, ordenó embargar los bienes del opinador en caso de no pagar 10 millones de pesos al ex gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, nos remite de inmediato al caso de manipulación judicial que sufrió aquí el columnista Pedro Mellado, que por fortuna no llegó a tal extremo, pero que sigue en la impunidad total.El permitir que en el Poder Judicial y en el Consejo de la Judicatura de Jalisco se salgan con la suya de darle carpetazo al caso Mellado, sería un muy negativo incentivo para que otros juzgadores sigan atendiendo en total sumisión los dictados del poder para acallar voces que señalan sus abusos y corruptelas, como pasó en el caso de este juez civil que se prestó a tratar de consumar la venganza del político coahuilense en contra de Aguayo Quezada.Como se sabe, al autor del libro “La Charola” se le juzgó culpable de daño moral el 20 de enero de 2016 por un artículo en el que cuestionaba la impunidad y el poco rigor del gobierno mexicano para investigar las acusaciones de corrupción en contra de Moreira, quien días antes había sido detenido en España, y liberado una semana después al no acreditarse los delitos de lavado de dinero, desvío, cohecho y organización criminal.A Aguayo, lo debe proteger la justicia federal que corrija el abusivo y faccioso fallo del juez civil, como pasó el año pasado en el caso Mellado, quien tras una ejemplar defensa legal que duró tres años se logró sacudir también una acusación de daño moral que le había hecho el ex diputado Enrique Aubry, quien exhibió como juzgadores mordaza al Juez Cuarto de lo Civil, Manuel Edgardo Servín Orozco, quien fue el primero en dar la razón al acusador en un claro atentado a la Libertad de Prensa, y luego a los magistrados locales Luis Enrique Villanueva, José de Jesús Covarrubias y Héctor Delfino León, quienes respaldaron el fallo inicial del Juez.El caso Aguayo nos recuerda que seguimos en espera de la investigación que el Sistema Estatal Anticorrupción pidió al Poder Judicial local por el actuar tendencioso de estos juzgadores, y si incurrieron o no en lo estipulado en el Capítulo X sobre los Delitos cometidos en la Administración de la Justicia por “dictar u omitir una resolución de trámite o de fondo o una sentencia definitiva, con violación de algún precepto terminante de la ley o manifiestamente contraria a las constancias de autos, cuando se obre por motivos injustificados y no por simple error de opinión”.Esa respuesta, que debe exigir el Comité de Participación Social del SEA, es indispensable y urgente para no sumar a la creciente violencia en contra de periodistas y la pauperización de sus condiciones laborales, una nueva amenaza a la Libertad de Prensa: la corrupción en el Poder Judicial de jueces y magistrados que actúan por consigna en contra de periodistas para intimidar y evitar publicaciones incómodas para actores de la clase política y gubernamental, así como de los grupos fácticos.jbarrera4r@gmail.com
