Parece que ya hay que tenerles miedo a los periodos extraordinarios de sesiones de las Cámaras de Diputados y de Senadores, porque son en estos períodos donde, sin parlamentos abiertos, apertura o discusión, aprueban paquetes de leyes controversiales y que vulneran amplios derechos humanos en el país.En este periodo extraordinario se hicieron modificaciones a las leyes de la Guardia Nacional, a la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, la Ley General de Población, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos y la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.A manera de resumen, los cambios a la Ley de la Guardia Nacional colocan a este organismo como responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y le otorgan la posibilidad de llevar a cabo operaciones “encubiertas”, cosa que en 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que era inválida porque daría lugar a violaciones de los derechos a la privacidad y la no incriminación. De igual manera, se generaron cambios a la Ley General de Desaparición con la finalidad de crear la Plataforma Única de Identidad, que reuniría toda la información personal y los datos biométricos de toda la ciudadanía, mismos que podrían ser consultados por diferentes autoridades.Diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos en el país han señalado que estas reformas vulneran varios derechos y legalizan la vigilancia por parte de las fuerzas armadas sin que exista un control o una estrategia que atienda de fondo la problemática de seguridad que vive el país. Es decir, un Estado monitor que representa una afrenta a las libertades de un Estado democrático. También han señalado que otro de los peligros es que las autoridades contarían con todos los datos personales y biométricos de la ciudadanía sin tener contrapesos y sin necesidad de tener una autorización judicial.Las reformas aprobadas en lo que se ha denominado el “Paquetespién” anulan la responsabilidad de las autoridades civiles con respecto al diseño, gestión y ejecución de la seguridad pública. A decir de muchas organizaciones de la sociedad civil, son signos preocupantes que fortalecen la idea del proceso de militarización del país.La discusión no está en debatir qué Gobierno o en qué sexenio se realizaba más espionaje o no. De alguna manera, todos los Gobiernos lo han hecho a su manera, y si nuestra clase política cree que el debate se tiene que dar en ese sentido, banaliza la transgresión de derechos que estas reformas están planteando. La verdadera discusión se encuentra en la debilidad democrática del país que los legisladores van construyendo de manera sigilosa y sin discusión pública, y que legitima el espionaje y la vigilancia sin control judicial.La exigencia de un debate ciudadano en torno a estas reformas que vulneran múltiples derechos humanos en el país es urgente y no debe cesar. Como ciudadanía, debemos ser capaces de actuar de manera colectiva y más comprometida para que nuestros derechos sean respetados y garantizados. Las pinceladas del país que están construyendo con estas reformas son preocupantes y muy delicadas.
