“Dice que él, cuando iba a la guerra, vivía en un rancho, ‘Las Moras’, y que le dijeron que se iba a hacer la guerra. Entonces, lo que hizo fue sacar a mi mamá. Cuando se encontraron a los militares, ellos les tiraron todo lo que traían, lo agarraron a él y a su hermano para sacarles la verdad de los guerrilleros colgándolos”. Este fue el testimonio de Elida Rivera, hija de Paulino Rivera Contreras, quien padeció la detención arbitraria y la ejecución extrajudicial por fuerzas del Estado en 1965; el testimonio fue recogido en los Diálogos por la Verdad celebrados en Chihuahua, el año pasado.Los Diálogos por la Verdad fueron una de las herramientas utilizadas por el Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico (MEH) para recoger testimonios y evidencias de cómo a lo largo de décadas el Estado utilizó diversas formas de represión para perseguir y desmantelar a sujetos que participaban en organizaciones consideradas como disidentes u opositoras al sistema político.El MEH está integrado por Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos, Carlos A. Pérez Ricart y Eugenia Allier Montaño. Los tres primeros presentaron el informe “Fue el Estado (1965-1990): Informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico”, el pasado 16 de agosto, y la doctora Allier Montaño presentará próximamente su informe a diversas organizaciones político-militares y sociales que actuaron en el periodo de la llamada Guerra Sucia.El informe final Fue el Estado es parte de los trabajos de la llamada comisión de la verdad creada por decreto presidencial en octubre de 2021. El nombre oficial de este organismo es más largo: Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, conocida como CoVH.El decreto presidencial estableció que esta comisión estuviera integrada por cinco instancias: 1) el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico; 2) un Comité para el Impulso a la Justicia; 3) Comité para el Impulso a la Memoria y Garantía de No Repetición; 4) un Plan de Búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Sucia; y 5) Plan Especial de Reparación y Compensación.Todos estos esfuerzos son un compromiso del actual gobierno para llevar verdad, justicia y reparación a las víctimas de la violencia que el Estado mexicano ha perpetrado en las décadas pasadas. A lo largo de años, los sobrevivientes de esos actos de represión y las familias víctimas no han dejado de luchar para exigir justicia y castigo a los culpables de atroces actos de represión.En sus sucesivas campañas electorales, Andrés Manuel López Obrador se había comprometido con varias organizaciones y familias de víctimas de la Guerra Sucia que, de llegar al Gobierno, se comprometería a buscar la verdad y la justicia en estos casos. Como presidente, impulsó en su Gobierno la comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa y la CoVH.El informe Fue el Estado, del MEH, es parte de estos compromisos. Y el informe es devastador. Luego de dos años de trabajo de recopilación de testimonios y de indagatorias en cientos de archivos de diversas instituciones públicas, los integrantes de este mecanismo concluyeron que entre 1965 y 1990 (un periodo de tiempo fijado arbitrariamente porque ha habido represión estatal antes y después de esta fecha), el Estado cometió cientos de violaciones graves a derechos humanos que dejaron miles de víctimas. El MEH señaló que hay al menos 8,594 víctimas ocurridas en contra de “diversas disidencias o comunidades de víctimas que fueron objeto de la política de contrainsurgencia operada desde el Estado y sus instituciones durante el periodo”.Se trata de actos de represión en contra de movimientos y organizaciones político-militares, comunidades campesinas y afromexicanas, disidencias político-partidistas, movimientos urbano-populares, periodistas, comunidad LGBT+, personas criminalizadas y marginadas, luchas contra el narcotráfico, disidencias religiosas, personas refugiadas guatemaltecas, personas y grupos que se opusieron a proyectos de desarrollo, entre otros. El informe del MEH, con sus seis volúmenes y anexos de más de ocho mil hojas, debe ser revisado cuidadosamente para identificar a los responsables de ordenar, diseñar e implementar estas políticas de contrainsurgencia que cegaron la vida de miles y afectaron a cientos de miles de mexicanos, solo por pensar distinto al régimen, por exigir tierra, vivienda, educación, salario digno, un México democrático o solo un mundo mejor.rubenmartinmartin@gmail.com
