Lunes, 25 de Octubre 2021

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Impunidades

Por: Rubén Martín

Impunidades

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No se si alguien realmente creyó que el gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador investigaría a fondo y podría llegar a procesar penalmente al general Salvador Cienfuegos Zepeda, pero lo cierto es que desde que el ex secretario de la Defensa Nacional fue retornado a México el 18 de noviembre pasado, tras ser detenido en Los Ángeles un mes antes, una amplia mayoría de la sociedad mexicana tenía certeza de que no sería juzgado y sería exonerado. Tal es la desconfianza en las instituciones mexicanas o tal es la certeza del nivel de impunidad que existe en México. 

Finalmente ayer se notificó oficialmente la exoneración de Salvador Cienfuegos. En un escueto comunicado de 12 párrafos, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que “con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente, la FGR, (…) ha determinado el no ejercicio de la acción penal, en favor del General Salvador Cienfuegos Zepeda”.  

En el comunicado oficial de la FGR se detalla que Cienfuegos conoció apenas el 9 de enero de este año las imputaciones que le hacía el gobierno de Estados Unidos, de la investigación que la Fiscalía mexicana iniciaba en su contra, y luego aportó elementos de prueba para sostener su inocencia. La Fiscalía informó que tras conocer las pruebas de descargo y corroborar su veracidad, los investigadores llegaron a la conclusión de que el ex jefe del Ejército mexicano nunca tuvo encuentro con integrantes de organizaciones delictivas y que su situación patrimonial se correspondía con sus ingresos como servidor público. Todo eso en menos de seis días. ¿Se puede hacer una investigación seria sobre graves acusaciones de colaboración con el narcotráfico al más alto jefe militar en 144 horas? Es pura simulación.

Las consecuencias en credibilidad, legitimidad y políticas no se han hecho esperar para el gobierno de la Cuarta Transformación. La exoneración de Salvador Cienfuegos es vista como una simulación de investigación, como el sometimiento de la Fiscalía a los deseos del Presidente, y el rendimiento de la Presidencia de la República al poderío de los militares.

Ya lo anticipó el mismo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, el día después de la llegada de Cienfuegos, que no investigar a fondo al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional sería un suicidio político para el actual gobierno. Y en efecto, no se ha equivocado. Los daños son irreparables, pues se confirma que la impunidad en México, como la corrupción, es un aceite que hace funcionar la maquinaria del sistema político. 

Y se dijo desde que fue detenido, aunque Cienfuegos no fuera aliado del narco, se le debió investigar y enjuiciar por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas durante la jefatura de Salvador Cienfuegos. Pero el gobierno de la Cuarta Transformación se rinde ante al poderío de los militares.

Lamentablemente la exoneración de Cienfuegos no es el único caso grave de impunidad que ocurre en México.

En Jalisco el periodista Luis Herrera publicó que la FGR no está investigando ni abrió carpeta de investigación alguna sobre los hechos conocidos como el Halconazo tapatío del 5 de junio de 2020, cuando elementos de la Fiscalía General del Estado cometieron los delitos de desaparición forzada y tortura en contra de decenas de manifestantes que pretendían protestar por el asesinato de Giovanni López, un mes antes, por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos. Tras el Halconazo tapatío el gobernador Enrique Alfaro y el fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez, informaron que solicitaron que la FGR atrajera el caso e investigara el caso. Pero resulta que la FGR jamás abrió carpeta de investigación alguna por la comisión de estos delitos por policías investigadores. La desaparición forzada y la represión quedó en la impunidad.

Y sólo como cereza para coronar el pastel de impunidad, esta misma semana el Sistema de Administración Tributaria informó que la ex dirigente magisterial, Elba Esther Gordillo, recibió dos perdones fiscales por un monto de 26 millones de pesos, que se le habían fincado por no pagar los impuestos correspondientes a gastos que hizo con tarjetas de crédito pertenecientes al sindicato de maestros. Miles de contribuyentes padecen las multas o sanciones del fisco por no pagar miles de pesos. Pero para los peces grandes que tienen contactos e influencias sí llega el perdón. Perdón que se traduce en impunidad. 

Estos casos confirman que la impunidad no es una práctica de un color o una bandera, sino que es parte constitutiva de un sistema político y de dominación. Mientras someten a los de abajo, los de arriba siempre se perdonarán los crímenes entre ellos.

rubenmartinmartin@gmail.com

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