La captura del Estado

En México estamos viendo un fenómeno que resulta muy pernicioso para el futuro del país: la captura del Estado. Si teníamos algo de ese fenómeno en el pasado, las reformas de Morena lo han puesto en esteroides. Y si anteriormente hemos sufrimos sus afectaciones, en el futuro próximo los perjuicios serán aún mayores.

La llamada “captura del Estado” ocurre cuando grandes intereses públicos y/o privados tienen una importante influencia en el gobierno, a tal grado que llegan a dirigir decisiones de política pública y se apropian de recursos públicos para su propio beneficio. La punta de lanza de la captura del Estado mexicano ha sido Morena y sus aliados políticos, con los intereses privados en connivencia con ellos. Es lo que hemos visto con Carlos Slim en el gobierno de López Obrador y, ahora, en el de Claudia Sheinbaum. Es, también, lo que hemos visto con el llamado Consejo Asesor Empresarial en la administración pasada, y que ha continuado hasta hoy con Altagracia Gómez al frente (y cuya fortuna familiar ha crecido al amparo de sucesivos gobiernos mexicanos). Sin embargo, ¿cómo se llega a capturar al Estado? La reconocida académica británica, Elizabeth David-Barrett, ha identificado tres mecanismos, todos los cuales han sido usados por Morena y sus aliados.

El primera es dar forma a las reglas del juego para obtener ventajas indebidas. Morena y sus aliados capturaron primero al INE, al poner a consejeros electorales afines a su causa, y cuya viva representación es la actual consejera presidenta, Guadalupe Taddei, quien tiene al menos a 8 familiares trabajando en el partido. Después, capturaron al Tribunal Electoral, dejando dos vacantes vacías y poniendo en la presidencia a Mónica Soto, muy cercana a Morena, quien se reunió con el entonces legislador morenista Sergio Gutiérrez en un momento de crisis institucional para el Tribunal, y cuyo padre trabaja para la ministra morenista Yasmín Esquivel. Finalmente, Morena y sus aliados tuvieron el visto bueno de esas instituciones para adjudicarse una ilegal e ilegítima sobrerrepresentación del 20% -no vista desde 1952- y apropiándose así de uno de los poderes de la Unión: el Congreso.

Sin embargo, el segundo mecanismo es influenciar decisiones administrativas al capturar el presupuesto, nombramientos, contratos públicos y decisiones regulatorias. López Obrador privó de presupuesto a los organismos constitucionalmente autónomos que le eran un estorbo; llegó a poner a perfiles cercanos y no-técnicos, o simplemente dejó las vacantes vacías; otorgó numerosos contratos públicos a los amigos del régimen, que hemos señalado puntualmente; y, finalmente, desapareció a muchos de estos organismos, siendo absorbidos por el mismo Poder Ejecutivo. Pero el tercer y último mecanismo es deshabilitar las estructuras de rendición de cuentas como el poder judicial, instituciones de auditoría y los medios de comunicación. Y ahí tienen la desarticulación del Sistema Nacional Anticorrupción, la abrogación del INAI, la captura de la Auditoría Superior de la Federación (donde uno de los auditores de carrera que señaló las pérdidas por la cancelación del NAIM fue despedido y perseguido), el cierre de numerosos programas de televisión críticos, y la destrucción de otro de los poderes de la Unión: el Poder Judicial.

Teníamos un Estado débil. Ahora, tenemos un Estado aún más débil y, además, capturado. Y así, no hay futuro posible.