Repentinamente, porque no estaba en la agenda ni se había anticipado, y porque de hecho había un principio de acuerdo para que el tema se abordara hasta la siguiente Legislatura estatal que inicia funciones el 1 de noviembre, los diputados del Congreso estatal aprobaron la despenalización del aborto en Jalisco.En una controvertida sesión donde chocaban las posturas a favor y en contra, hasta que finalmente se aprobó una votación por medio de cédulas, que le permite a los diputados hacerlo sin que se conozca cuál fue el sentido de su voto, la despenalización se avaló con 20 votos a favor, 16 en contra y uno anulado.Como resultado de esta reforma legal, queda derogado el delito de interrupción del embarazo en el Código Penal del Estado de Jalisco. El artículo modificado es el 227. Hay sin embargo, algunas especificaciones. Quedan excluidas de responsabilidad penal las mujeres que aborten si su embarazo es fruto de una violación, un abuso sexual infantil o una inseminación artificial no consentida; igual, no incurre en delito quien aborte por estar en peligro su vida si continúa el embarazo o cuando el “producto” presente alteraciones genéticas o congénitas que resultarán en daños físicos o mentales graves.Otro punto específico: La interrupción del embazo debe ocurrir entre la primera y hasta la duodécima semana (tres meses) de la gestación.La sesión y el abordaje de la reforma, a pesar de haber sido una instrucción de la justicia federal, estaba destinada a encender la polémica. La votación misma lo refleja: 20-16.Más allá de la discusión ética y moral, sin que eso signifique reducir los argumentos de quienes se manifestaron fuera del Congreso para apoyar y para rechazar la decisión de los diputados, es importante notar el comportamiento de los legisladores.Nuevamente, en un tema tan sensible como éste y otros, muchos de ellos trataron de evitar a toda costa que se conociera públicamente su postura y el sentido de su voto. ¿Por qué? Porque no quieren “pagar” el costo político; porque rehúyen que los ciudadanos les recriminen haber votado en un sentido u otro. Eso, claramente, es una postura cobarde ante la ciudadanía. Una diputada o diputado está ética, e incluso moralmente, obligado a asumir públicamente una postura sobre cualquier determinación que implique su voto en el pleno del Congreso o de la Cámara de la que forme parte.Su recurso ante quienes no estén de acuerdo, es la argumentación, la explicación de sus razonamientos y compromisos. Pero hacer esto se requiere congruencia y el valor civil de asumir una postura acorde con su ideología, sus relaciones con los factores políticos, partidistas y de poder. Eso puede costar que se “pierda” la carrera política, pero también le aporta valor al legislador.Varias diputadas y diputados levantaron sus cédulas (papeletas) para mostrar que habían votado a favor. Hubo incluso quien trató de tomar fotografías a distancia para conocer cómo estaban votando los legisladores. Fue un espectáculo muy pobre.Lo central es la reforma.Si finalmente aprobaron la despenalización, ahora diputadas y diputados deben ocuparse con responsabilidad en las reformas que garanticen a las personas el conocimiento, formación en sexualidad, combate a los embarazos adolescentes e infraestructura sanitaria suficiente y digna para todas las mujeres. Igualmente, deben formalizarse y apoyarse las actividades de los organismos civiles que en el contexto de sus posturas particulares, brindan apoyo a las mujeres que están en la compleja situación de definir si interrumpen o no, su embarazo.No basta con una sola acción. Debe abordarse el conjunto del acto.
