
La lucha por las palabras

La lucha por las palabras
Para el Gobierno federal y las bancadas de Morena del Poder Legislativo, Teuchitlán representa una campaña de desprestigio; de acuerdo a la sociedad, es una tragedia. Las madres y los colectivos de búsqueda señalan que en Teuchitlán encontraron “un campo de exterminio”; el Gobierno federal dice que lo que hay es un “centro de reclutamiento”.
Sí, las palabras importan, pero al Gobierno parece importarle más la batalla de la percepción y de las narrativas, antes que buscar la verdad y la justicia. El Gobierno federal ha puesto su mayor esfuerzo en decirnos que lo que hay en Teuchitlán no es un campo de exterminio y, para ello, han recurrido a la infalible fórmula de la 4T que es la victimización, cuando las verdaderas víctimas son las propias personas desaparecidas y sus familias.
Veamos por qué las palabras importan. De acuerdo al periodista especializado en crimen organizado, Óscar Balderas, el concepto de campos de adiestramiento y exterminio comenzó a utilizarse en México desde el año 2021 luego de una serie de hallazgos de colectivos de búsqueda en todo el país. A partir de ahí, el lenguaje de los propios grupos criminales comenzó a llamarle a esos “no lugares” (como dice Marc Auge), las “diestras” (por adiestramiento).
Podríamos decir que es también por esos años en los que el término “narcofosa” dejó de utilizarse de manera unívoca para referirse a estos espacios en donde se deposita a las víctimas de una ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria. Hoy es más preciso hablar de “fosas clandestinas” como espacios de ocultación del crimen sin referirse a los perpetradores de los mismos.
Por cierto, a la fecha se tiene registro documentado por la Comisión Nacional de Búsqueda de cinco mil 696 fosas clandestinas en 570 municipios de todo el país, lo cual quiere decir que cada día se encuentra una fosa clandestina en el país. De acuerdo con datos del periódico Excélsior, los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas señalan que, hasta la fecha, pueden dar cuenta de al menos 117 centros de tiro, reclutamiento, exterminio y entierros clandestinos en 12 Estados del país.
La Presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no se puede saber qué es lo que hay en Teuchitlán hasta que no se culmine con las investigaciones, por lo que Gobierno federal evade decir que ese rancho era un centro de exterminio. Para el Fiscal Gertz Manero, ese espacio era un centro de reclutamiento y, para que esto se pudiera corroborar, decidió abrir las puertas del rancho a periodistas, organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda, convirtiendo esa visita en un tour y un circo profundamente revictimizante, denigrante y ausente de todo cuidado por el debido proceso y la legalidad.
Y si al Gobierno le importan tanto las palabras, la palabra correcta para nombrar lo que los gobiernos -tanto federal como estatal- generaron con esa visita, es “miserable”.
El rancho de Teuchitlán era una “diestra”, una fosa y un campo de exterminio que es la más clara muestra de deshumanización, negligencia y complicidad de las autoridades de Jalisco. Las declaraciones del fiscal General de la República demuestran que lo que vamos a saber del rancho en Teuchitlán nunca será una historia real, sino una historia posible muy cercana a esconder la verdad o a nunca saberla.
La exigencia social debe ser la justicia, la legalidad y la memoria. Sería injusto pensar que este tema es culpa de la Presidenta Sheinbaum, cuando la culpa histórica de lo que pasa en Jalisco es de las autoridades de justicia del Estado. La Presidenta haría bien con mostrar más sensibilidad y permitirse escuchar a las víctimas. La oposición haría bien en asumir la parte de responsabilidad histórica que le toca y no sacar raja política de algo de lo que también son responsables.
Este es el momento perfecto para que lo que pasó en Teuchitlán nos una en la construcción de una solución integral del fenómeno de la desaparición en México.
ierika.loyo@udg.mx
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