La actual situación en Jalisco respecto al nombramiento de magistrados del Tribunal Administrativo del Estado (TAE), del Supremo Tribunal de Justicia y de consejeros de la Judicatura ha enfrentado múltiples complicaciones debido a errores en las convocatorias y procedimientos. Uno de los principales problemas ha sido la falta de claridad y la ambigüedad en los requisitos establecidos para los candidatos, lo cual ha generado confusión y debates sobre la idoneidad de los perfiles postulados, cuestión que ha motivado que algunos de quienes se han presentado para dichos puestos promuevan amparos y se les otorguen suspensiones.En las convocatorias recientes ha habido denuncias sobre la falta de transparencia en los procesos de selección, señalando que muchos de los perfiles inscritos tienen vínculos con el equipo cercano al gobernador Enrique Alfaro. Esto ha alimentado la percepción de que se busca asegurar el control político del Poder Judicial a través de la designación de personas afines a Movimiento Ciudadano (MC), lo que ha generado críticas por parte de la oposición y de grandes sectores de la sociedad civil.Otro error clave ha sido la dilación en la revisión y evaluación de los aspirantes. Las convocatorias han sido prorrogadas o canceladas en varias ocasiones, lo que ha resultado en un retraso significativo en la selección de los magistrados y consejeros. Esta ineficacia administrativa ha sido atribuida a disputas internas de MC y a la falta de coordinación entre las comisiones encargadas del proceso.El tiempo apremia para la actual legislatura, que al menos hasta el 31 de octubre sigue dominada por MC, dado que si no logran resolver estos nombramientos antes de que termine su periodo, los riesgos son significativos, pues recordemos que la legislatura entrante no contará con mayoría de ese partido, cuestión que habrá de alterar el statu quo generado por Alfaro y compañía, en el que tienen acaparados a los tres Poderes del Estado.Además, si los nombramientos quedan pendientes para la próxima legislatura, los nuevos legisladores seguramente decidan reestructurar las bases de las convocatorias, haciendo más difícil que perfiles afines a Alfaro puedan ser seleccionados. Esto podría poner en peligro su capacidad de mantener una línea directa de influencia dentro del aparato judicial, un factor crucial en términos de control político y protección ante posibles investigaciones en su contra una vez que deje el cargo.Los colaboradores más cercanos de Enrique Alfaro han jugado un papel clave para asegurar que los puestos sean ocupados por personas afines a sus intereses; el problema es que han sido ellos mismos quienes han empantanado los procesos desde el interior de MC, pues cada quien pretende llevar agua para su molino.Hugo Luna, actual jefe de Gabinete del Gobierno del Estado, ha impulsado a Rocío Calzada para que obtenga el nombramiento de magistrada del TAE (plan que tiene ya años fraguando), sin embargo, su cercanía y lealtad a Luna es precisamente el “pero” que le ponen al interior de MC.Tanto el senador Clemente Castañeda como el asesor jurídico del aún gobernador, David Bernal, han pujado con la intención de que Abel Salgado (actual representante del gobernador en Ciudad de México) tome un puesto, ya sea como consejero o magistrado (solo le falta inscribirse a la convocatoria para reina de la primavera); no obstante, su complejo historial, aunado al hecho evidente de que la brújula de su lealtad se norma bajo la máxima de “muerto el rey, viva el rey”, generan más divisiones que acuerdos al interior de MC e incluso dentro del propio grupo cercano al gobernador.Por su parte, Juan Partida, actual secretario de Finanzas, busca perpetuarse y cuidar sus intereses procurando que sea la actual subprocuradora fiscal del estado, Daisy Yolanda Sánchez, quien ocupe el cargo de magistrada del Tribunal Administrativo, cuya mayor propuesta es introducir el modelo de juicio simplificado. Valdría la pena recordarle que las atribuciones del TAE no incluyen la modificación de las leyes; eso le corresponde al Legislativo.La apuesta por personajes sin ideología y que solamente son leales a sus intereses personales genera incertidumbre al interior de MC. Al exterior, preocupa que la pugna que determinará quién habrá de impartir justicia en el estado por los siguientes años no sea en función de su conocimiento o capacidad (que de los tres anteriores no se hace uno), sino por cuotas al interior de un partido político.
