El proceso judicial iniciado contra Luis Octavio Cotero Bernal, exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) específicamente por su responsabilidad en el caso de los llamados “tráileres de la muerte”, hace exactamente tres años (el escándalo estalló el 14 de septiembre de 2018) tiene una carga política detrás, tan notoria que ha merecido incluso la opinión del gobernador Enrique Alfaro Ramírez.Cotero Bernal, funcionario designado por el desaparecido exgobernador Aristóteles Sandoval para dirigir a Ciencias Forenses, declaraba una y otra vez, en espacios públicos, que el Instituto estaba rebasado: les faltaba personal y tenían un presupuesto inferior a las obligaciones que le había asignado el nuevo marco legal, el popularmente denominado “sistema de juicios orales”.En al menos dos ocasiones, entrevistado por este autor, el director Cotero insistía en que tenían problemas hasta para cumplir con los peritajes que les solicitaban los investigadores de la Fiscalía estatal.A la distancia, parece que su mayor falta fue no haber levantado la voz de manera suficiente, o iniciar un proceso de acercamiento con el gobernador Sandoval Díaz, para hacer una revisión del presupuesto del Instituto y las necesidades urgentes.Otra salida digna, habría sido presentar su renuncia y no acceder a los principios políticos como “hacer más con menos” o soportar las condiciones adversas a que se vieron sometidos él y el personal del Instituto.Hoy, el mismo Cotero Bernal vuelve a ser sujeto de los juegos políticos que buscan una salida a la evidente falta de legalidad que se ha mantenido desde que se desató el escándalo de los “tráileres de la muerte” y que no ha encontrado solución. Muy por el contrario: la cantidad de restos humanos sin identificación y sin trato digno (cuando menos el que la ley exige) es cinco veces mayor.La diferencia es que ahora el director Cotero no se enfrenta a un despido, como le ocurrió después de desatar la ira del entonces secretario general de Gobierno en 2018, Roberto López Lara, por el pésimo manejo de las cajas refrigerantes de tráiler con cadáveres, sino que está ante un juez, acusado del delito de abuso de autoridad.La cuestión es: ¿Finalmente llega la justicia no solo a las víctimas sino también a los familiares de éstas? ¿El Estado ofrece ya la garantía de que hay un registro eficiente y apegado a derecho, para los cadáveres que no son identificados? Evidentemente no.Cotero Bernal se refirió al gobernador como “ese muchacho” que quiere hacer sentir su poder y anunció que acudirá a la justicia federal.¿Presentará en el juicio los nombres de quienes tomaron decisiones que causaron el escándalo de los tráileres?Son muchos los secretos en el caso.jonasn80@gmail.com / @JonasJAL
